Se agudiza polémica en Nicaragua por armas

MANAGUA.--- La Contraloría (fiscalía de cuentas) dio un giro al escándalo por la supuesta permuta de armamento entre Nicaragua y Panamá al expresar que "no autorizó operación de compra o venta de armas".
El presidente del colegio de Contralores de Nicaragua, Francisco Ramírez, dijo que ese ente "no autorizó compra ni venta de armas, sino una permuta, y le pedimos a la Policía que se ajustara a los acuerdos internacionales y leyes de la materia".
El caso surgió la semana pasada cuando se dijo que unos 3.000 fusiles AK y 2,5 millones de municiones calibre 7,62 fueron introducidos en noviembre del 2001 a Colombia, supuestamente para los grupos armados de extrema derecha, mediante una operación clandestina fraguada desde Nicaragua y Panamá.
Ello puso al descubierto una supuesta operación legal de "permuta" de armas entre las policías de Nicaragua y Panamá, de 5.000 AK y cinco millones de municiones de los nicaragûenses, por 465 pistolas Jerico y 100 sub-ametralladoras Uzi panameñas por medio de un intermediario, que estos últimos niegan categóricamente.
Respecto a un comunicado de la cancillería nicaragûense sobre la legalidad de la operación, Ramírez dijo que "si el canciller (Norman Caldera), dice que se cumplió con los requisitos legales debe ser que así fue, pero la Contraloría no avaló compra ni venta de armas".
Apuntó que el pedido de permuta se presentó al ente fiscalizador en abril de 2000 y se rechazó para que se explicara el valor de las armas y la legalidad del intermediario, "entre otras trabas".
El 8 de marzo de 2001 la Policía presentó los detalles del canje de armas, y 40 días más tarde el colegio de cinco contralores aprobó por unanimidad la permuta, según el contrato con la empresa intermediaria Grupo Internacional de Representaciones, S.A. (GIRSA), señaló Ramírez.
GIRSA, inscrita en Guatemala, se presentó como representante de Industrias Militares Israelíes (IMI), que fabrica las Jerico y Uzi y su oficina regional está ubicada en Bogotá, según su página web.
Ramírez indicó que la resolución obliga a la Policía de Nicaragua "a apegarse a los acuerdos internacionales y leyes de la materia, y que informe a la Contraloría el detalle de la operación, que ahora pedimos al jefe de la Policía, primer comisionado Edwin Cordero".
La cancillería de Nicaragua reiteró el pasado viernes que el cambio por 465 pistolas Jericó y 100 sub-ametralladoras Uzi cumplió con "todos los trámites legales e internacionales".
Internamente cumplió los requisitos de la Contraloría, Ministerio de Hacienda y de Gobernación, Centro de Trámites de Exportaciones y Dirección de Aduanas, se identificó al comprador y el destino final, señaló.
La prensa nicaragûense mantiene la polémica sobre la legalidad de la permuta de armas entre las policías de Nicaragua y Panamá, y hoy publica versiones de autoridades panameñas que dicen que Cordero admitió haber sido "engañado".
Zoller señala a esos proveedores como Marcos Shrem y Simon Yinik, quienes "nos dieron el documento (orden de compra de la Policía de Panamá) que ahora todo el mundo dice que es falso".