UNESCO aprueba el Convenio para Protección Patrimonio Subacuático

PARIS.--- El patrimonio subacuático, integrado por galeones hundidos y restos arqueológicos de gran valor, cuenta desde hoy con el primer instrumento jurídico internacional para protegerlo de los expolios y saqueos de que es víctima, gracias al Convenio "ad hoc" adoptado por la Conferencia General de la UNESCO.
Tras cuatro años de difíciles negociaciones, los países miembros de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobaron por 87 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones el Convenio sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
España, Italia y Portugal fueron tres de los países más activos en favor del documento, que contaba con la rotunda oposición de la Federación Rusa y de Estados Unidos, este último en calidad de observador ya que dejó la UNESCO en los años 80.
Se da la coincidencia de que vienen de Estados Unidos muchos de los que, equipados con tecnología avanzada y aprovechando el vacío legal existente, saquean los restos hundidos en el mundo.
Dado el creciente aumento de robos y expolios de galeones y yacimientos arqueológicos, que quedan así destruidos definitivamente, muchos de los 188 Estados miembros de la UNESCO expresaron a lo largo de las negociaciones la "extrema urgencia" con la que había que actuar para poner freno a esas actividades.
Sin embargo, en el debate que siguió a la adopción del texto, varios países, como Turquía, lamentaron no haber tenido más tiempo para discutir el documento de base, elaborado por 350 expertos de 90 países, y otros Estados, como Suecia, lamentaron que no se hubiese llegado a un consenso universal.
El Convenio, que pide a los países que lo ratifiquen que impongan restricciones a las actividades de los cazadores de tesoros y prevean, en caso de infracción, "sanciones rigurosas", entrará en vigor en cuanto lo ratifiquen veinte países.
Fuentes españolas expresaron a EFE su satisfacción por este texto, que "por primera vez en el derecho internacional" establece que los países costeros, en el mar territorial, su zona de soberanía exclusiva, "deberán informar con vistas a cooperar" de la existencia de estos barcos a los países del pabellón.
A su vez, en la zona económica exclusiva, los barcos no podrán ser objeto de "ningún tipo de actuación" sin el acuerdo del Estado del pabellón y hará falta la cooperación del Estado costero, explicaron.
Venezuela, uno de los países que votaron contra el Convenio, al igual que Rusia y Noruega, subrayó que su voto "no significa que tiene divergencias fundamentales en lo que concierne el fondo de este instrumento jurídico".
Pero criticó que el documento "obliga a aplicar de manera indirecta" el Convenio de la ONU sobre el Derecho del Mar a los Estados que no son parte del mismo.
Uruguay, que como Colombia, Paraguay, Suecia, Holanda o Suiza se abstuvo, expresó su apoyo a toda acción destinada a proteger el patrimonio subacuático y "reconoció" que este Convenio "tiene varios elementos muy positivos".
No obstante, estimó que "no protege totalmente los intereses uruguayos" ni los derechos legítimos de los países ribereños, "en las aguas interiores, en el mar territorial, en las aguas de los archipiélagos, en la zona continental y en la zona económica exclusiva", y que los derechos que otorga "no son compatibles con los derechos adquiridos anteriormente".
Por su parte, Colombia reiteró su apoyo a la protección del patrimonio sumergido, pero informó de que tanto el poder Ejecutivo como "ciertos órganos de control" colombianos habían expresado su inquietud sobre algunos artículos relativos a la soberanía nacional.
Lo que no impide, agregó su representante, que Colombia "se reserve la posibilidad de firmar y ratificar el Convenio, una vez que "las inquietudes" citadas "se hayan superado".
El Convenio establece que como primera medida de preservación y para garantizar que no haya expolio, galeones y sitios arqueológicos se dejen sumergidos y que sólo se pueda intervenir en ellos mediante la cooperación internacional.
La 31 Conferencia General de la UNESCO, que concluye mañana adoptó hoy, igualmente, la Declaración universal sobre la diversidad cultural, primer instrumento normativo que da a ésta el rango de "patrimonio común de la humanidad" y convierte su defensa en un imperativo ético.
Asimismo, los Estados miembros adoptaron la propuesta española de que la UNESCO se asocie al proyecto de que cada año una ciudad del mundo se convierta en "capital mundial del libro" y organice manifestaciones relacionadas con la literatura y la edición, para fomentar la lectura entre sus habitantes.