Samper sugiere replantear el proceso de paz a partir de 2002

Madrid.--- El ex presidente de Colombia Ernesto Samper sugirió que el próximo gobierno de su país, que asumirá en 2002, replantee el proceso de paz y suscriba con los alzados en armas un acuerdo sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que contribuya a humanizar la guerra.
El liberal Samper fue uno de los ponentes en el seminario sobre Aplicación del DIH en el Conflicto Colombiano, organizado por la Universidad de Alcalá de Henares, ciudad española a 25 kilómetros al nordeste de Madrid, y la asociación Vivamos Humanos, en el que participaron otros analistas de la situación que vive Colombia.
Además, a su juicio, es conveniente renegociar el llamado Plan Colombia para prevenir que su aplicación en el sur del país no se convierta en "un acelerador de la guerra" y en "multiplicador de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos".
Dicho plan, con un coste de 7.500 millones de dólares, es una iniciativa del actual presidente, el conservador Andrés Pastrana, para financiar la lucha antidrogas, el desarrollo alternativo a los cultivos ilegales y el fortalecimiento institucional.
La guerra colombiana es uno de esos temas "que duelen y que a la vez indignan", dijo Samper, y añadió que "en lo que va de este nuevo siglo el conflicto ha producido más víctimas de las que fueron brutalmente sacrificadas en los atentados de Estados Unidos el 11 de septiembre pasado".
"Sin tanta espectacularidad ni tan sonadas repercusiones mundiales", en Colombia han muerto miles de personas, entre ellas niños, mujeres, ancianos y otros civiles ajenos al conflicto.
En su opinión, el origen de tal situación está en el "evidente enloquecimiento moral de los alzados en armas" y en el estancamiento de una guerra que, después de muchos años, nadie está ganando" y que ha hecho que este año haya aumentado el número de violaciones graves del derecho humanitario en un 42 por ciento respecto de 2000.
Samper, cuyo mandato se extendió de 1994 a 1998, se refirió al proceso de paz que impulsa el actual Ejecutivo colombiano y aseguró que la falta de agenda para el diálogo "ha permitido que la guerrilla avance sin negociar y el Gobierno negocie sin avanzar".
Otro de los ponentes, el presidente de la Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, dijo que la prioridad en Colombia es hallar una solución "políticamente negociada" a un enfrentamiento que, "a pesar de sus proporciones estremecedoras", es tenido por una parte de la opinión pública mundial como "una guerra olvidada".
Suárez del Toro recordó que los conflictos armados internos están regulados por el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, y, en el caso de conflictos generalizados y situaciones graves de violencia, por el protocolo II adicional de 1977 a la Convención de Ginebra.
"Ese protocolo -dijo- debe ser respetado por la parte no gubernamental y es deseable también que el derecho penal interno de los estados (común y militar) castigue como delitos las infracciones graves contra el DIH cometidas en el curso de un conflicto armado no internacional".
Añadió que el DIH "no sólo hace posible la asistencia humanitaria a las víctimas desde la imparcialidad y la neutralidad, sino que constituye un instrumento de paz entre los pueblos".
La presidenta de Vivamos Humanos, la colombiana Blanca Lucía Echeverry, citó estadísticas sobre el alto nivel de violencia en Colombia y propuso igualmente la adopción de un acuerdo humanitario destinado a aplicar las normas del DIH.
Según dijo, actuaría como una "declaración marco" sobre los alcances del compromiso humanitario y precisaría también de un acuerdo sobre respeto a los derechos humanos, "como se hizo en Guatemala y en El Salvador, y como lo ha propuesto para Colombia el alto comisionado de los Derechos Humanos".
El rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Manuel Gala, opinó que si los conflictos superan las fronteras también deben hacerlo las soluciones, que en el caso colombiano pasan por la "internacionalización del diálogo, de la razón y del apoyo mutuo".
El encargado de negocios de la Embajada de Colombia en España, Arturo Vallejo, lamentó que "actos de barbarie" cometidos por los actores armados irregulares, fuera de combates y en situaciones de indefensión, no se califiquen de violaciones de derechos humanos, mientras que un exceso de un miembro de la fuerza pública sí se catalogue indebidamente como tal.