Casas de justicia tramitaron en un año 300 mil conflictos

(Versión de la agencia estatal de noticias ANCOL)
BOGOTA.--- En un año, las 18 Casas de Justicia que funcionan hoy en el país tramitaron 300.000 conflictos y de esta cifra sólo el 25 por ciento pasó a conocimiento de la justicia ordinaria, lo que constituye una evidente contribución a la descongestión de los despachos judiciales.
La mitad de esos conflictos --150.000-- fueron resueltos por la vía de la conciliación. En otros 75.000 casos se consiguió el desistimiento, con la mediación de las autoridades, y 75.000 procesos pasaron a la justicia ordinaria por tratarse de delitos en los cuales no es legalmente posible el desistimiento ni resultó factible la conciliación.
Los casos más comunes que fueron enviados para el conocimiento de los jueces ordinarios correspondieron a delitos como violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, lesiones personales no conciliables, hurto en menor cuantía y daños en bien ajeno.
Según Claudia Pérez, directora del Programa Casas de Justicia, las estadísticas recopiladas por el Ministerio de Justicia demuestran claramente el papel decisivo que cumplen esas organizaciones en la solución amigable y amistosa de los conflictos que surgen dentro de las comunidades.
Explicó que con las Casas de Justicia se ha agilizado el trabajo de los jueces, y se ha atenuado la congestión en sus despachos, porque se consigue que aquellos casos menores que solo sirven para atascar la labor judicial sean resueltos través de la conciliación.
INASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESEMPLEO
La incapacidad económica de muchos colombianos por responder a sus obligaciones familiares, tipificada en el país como delito, ocupa el segundo lugar dentro de las estadísticas generales, recopiladas por la Fiscalía General, después del hurto calificado que se halla en el primer lugar con el 19 por ciento.
De un total de 708.855 procesos que conoce la Fiscalía, el diez por ciento corresponde a la inasistencia alimentaria, es decir, 70.885.
Significa que ese gigantesco número de personas están judicializadas porque se han sustraído voluntaria o involuntariamente de sus obligaciones familiares.
La inasistencia alimentaria, de acuerdo con el artículo 233 del nuevo Código Penal incorporado a la ley 599 del año 2000 y que cobró vigencia apenas el 24 de julio de 2001, castiga con uno a tres años de prisión esa conducta.
Pero, además, sanciona con multa entre diez y 20 salarios mínimos mensuales, es decir entre $2.806.000 y $5.920.000 al inasistente, que, según el abogado litigante Ernesto Amézquita, es convertido en delincuente, por la ley, sin tener en cuenta en la mayoría de las veces que lo es por carecer de ingresos.
Pese a que la disposición legal señala taxativamente que quien se sustraiga de esa obligación, sin justa causa, incurre en el delito, la justicia --según el mismo abogado-- no repara en esta razón y opta por encerrar en la cárcel a quien no puede responder con alimentos a sus compromisos familiares.
La norma del código establece, además, que esa inasistencia se da no sólo con los ascendientes y descendientes sino que la hace extensiva al cónyuge.
Amézquita, quien es uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes (Andal), que agrupa en el país a unos 15.000 afiliados, sostuvo que la inasistencia alimentaria es un problema social que está, en la mayoría de los casos, estrechamente ligado al desempleo que en promedio llega hoy en Colombia al 18,6 por ciento.
"Es absurdo el trato que se le da en el país a esa conducta porque el desempleo no es un problema jurídico sino social. Y los fiscales, generalmente, no tienen en cuenta esa situación", dijo Amézquita.
Explicó que si una persona no tiene empleo difícilmente puede responder con la asistencia alimentaria y le será mucho más dificil si lo confinan en una prisión y le imponen una multa que no puede pagar jamás.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
La violencia intrafamiliar está tipificada como delito en el artículo 229 del nuevo Código Penal, que le reserva una pena de prisión entre uno a tres años, aumentada cuando el maltrato recae en un menor.
Violencia intrafamiliar es el maltrato físico, síquico o sexual propinado a un pariente.
En Colombia ese delito ocupa el cuarto lugar, con un ocho por ciento dentro de las mismas estadísticas que posee la Fiscalía General.
Es decir, hoy se tramitan 56.708 procesos por ese tipo de violencia que ocurre hacia el interior de la familia.
Para Amézquita es, en ciertos niveles, un "delito imposible", no solo porque es difícil de tipificar sino porque el denunciante se retracta ya que no quiere ver a la persona sindicada en la cárcel.
"En muchos casos es un desgaste inútil del aparato judicial y del Estado, pero infortunadamente en el país existe la mentalidad carcelera con la cual se pretenden resolver los conflictos familiares y los problemas humanos", aseveró el litigante.
Esos dos delitos, tan comunes hoy en Colombia, rebasan en la escala criminal a otros más nombrados como las lesiones personales con el cinco por ciento, el hurto simple con igual porcentaje e incluso el narcotráfico que tiene el cuatro por ciento de los procesos y ocupa el puesto once.
Según Andal, tanto la inasistencia alimentaria como la violencia intrafamiliar, se presentan con mayor frecuencia en aquellas ciudades en donde hay mayor desempleo y en donde los problemas sociales se han acrecentado con especial vigor.
MAS CASAS DE JUSTICIA
Para impedir que aumenten el número de delitos de esa índole y para procurar soluciones conciliatorias a los conflictos familiares y comunitarios, el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana tiene el propósito y la intención de promover la creación de más Casas de Justicia, en todo el país.
Hoy funcionan 18. Faltan por inagurar, aunque ya operan, las Casas que fueron organizadas en Popayán, Pasto, Riohacha, San Andrés y Medellín.
Están siendo remodeladas actualmente las Casas de Justicia que operarán en Barrancabermeja, Leticia, Villavicencio y Manizales.
La Directora del Programa indicó que estas sedes se entregarán este año o a más tardar en enero de 2002.
En las Casas se concentran todos los servicios de la justicia formal y no formal y su objetivo es facilitar no sólo el acceso de las personas a ella sino darle celeridad a la solución de los conflictos procurando, primero, arreglos conciliatorios.
Operan en las zonas más conflictivas de los municipios y más marginadas.
En cada Casa se suelen concentrar los despachos de la Fiscalía, la Personería, las Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía, la Defensoría de Familia y la Defensoría del Pueblo.
La ciudad o el municipio con más de 2.500 habitantes, interesados en tener su Casa de Justicia, deben contar con la sede. El Ministerio se compromete a su remodelación y dotación, trabajos en los que suele invertir, en promedio, 160 millones de pesos.
Igualmente, asume la tarea de capacitar a los funcionarios que laborarán en la Casa de Justicia, a quienes se les dictan seminarios sobre Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, violencia intrafamiliar y mecanismos alternativos de solución de conflictos.
"El propósito es que ellos sepan con claridad que están allí para ofrecer su ayuda a la comunidad ", dijo Claudia Pérez al señalar la importancia que tiene la capacitación que se les imparte.
Lo que se busca con esas Casas de Justicia es que haya en el país, cada día, menos conflictos, y por consiguiente, menos delitos y mayor convivencia pacífica.