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Denuncian contaminación de acueductos y daños en cultivos

La fumigación de plantaciones de matas de coca y de amapolas que la Policía antidrogas de Colombia emprendió el pasado fin de semana en el suroeste del país ha contaminado fuentes de abastecimiento de agua y causado daños en cultivos de subsistencia, denunciaron autoridades gubernamentales locales.

Bogotá.--- La fumigación de plantaciones de matas de coca y de amapolas que la Policía antidrogas de Colombia emprendió el pasado fin de semana en el suroeste del país ha contaminado fuentes de abastecimiento de agua y causado daños en cultivos de subsistencia, denunciaron autoridades gubernamentales locales.
Los efectos negativos de la aspersión aérea del herbicida glifosato fueron hechos públicos cuando la campaña de erradicación alcanzó las montañas de seis poblaciones de Nariño, departamento en la frontera sur con Ecuador, y a unos 800 kilómetros de Bogotá.
La ofensiva de fumigación comenzó el pasado sábado en territorios del departamento del Cauca, y hoy fue ampliada al de Nariño, dijeron a la radio "Caracol" en Pasto, la capital de esta última región, autoridades locales.
El alcalde de la población nariñense de La Unión, Carlos Rivera, denunció a esa estación que el glifosato ha causado daños en cultivos de subsistencia y ha contaminado las tomas de acueductos.
Rivera precisó que las tareas de fumigación fueron ampliadas a las localidades de El Rosario, Arboledas, San Pedro de Cartago, San Lorenzo y Belén, además de La Unión, todas ellas situadas al norte de Pasto.
Cuatro aviones de la Policía Antinarcóticos realizan las tareas de erradicación de cocales y de amapolas en esas poblaciones, situadas en una región limítrofe con el Cauca y que, en conjunto, comparten el llamado Macizo Colombiano, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad.
De allí se desprenden las tres cordilleras andinas del país - Occidental, Central y Oriental- y en sus altas cumbres nacen decenas de fuentes de agua, entre ellas la primera arteria fluvial colombiana, el río Magdalena, que atraviesa el país de sur a norte y desemboca en el mar Caribe.
En el caso de La Unión, la fumigación ha afectado cultivos importantes para los campesinos, y, "lo más grave (...), las bocatomas de los acueductos que abastecen todo el municipio y el 80 por ciento de las veredas (aldeas)", declaró Rivera.
La ofensiva contra las siembras ilegales en el suroeste y el sur del país fue lanzada por el Gobierno del presidente Andrés Pastrana a pesar de la oposición de los gobernadores de la región, que el lunes pasado viajaron a la capital colombiana para persuadir a la Administración sobre la inconveniencia de la fumigación.
Los gobernadores del Cauca y Nariño, el líder indígena Floro Tunubalá y el ex ministro de Justicia Parmenio Cuéllar, respectivamente, asumieron como portavoces de las autoridades de esa parte del país.
Pastrana mantuvo el lunes pasado una reunión con ellos, que intentan en Bogotá una salida concertada.
Las autoridades regionales defienden la erradicación manual de los cultivos ilegales, para lo cual han firmado convenios con las comunidades campesinas e indígenas.

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