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Situación de pueblos indígenas es crítica, advierte defensor del pueblo

La pugna de grupos armados ilegales por el control territorial ha desencadenado una arremetida sin antecedentes contra la población indígena colombiana, aseguró la Defensoría del Pueblo.

Bogotá.--- La pugna de grupos armados ilegales por el control territorial ha desencadenado una arremetida sin antecedentes contra la población indígena colombiana, aseguró la Defensoría del Pueblo.
La situación de los pueblos indígenas en Colombia ha llegado a una fase crítica, aseguró el defensor, Eduardo Cifuentes, en un comunicado oficial.
El funcionario dijo que la crisis de los Derechos Humanos de varios pueblos indígenas le exige al Estado colombiano "urgentes medidas de protección y adopción de políticas integrales que incidan en el restablecimiento del orden público en las regiones atravesadas por permanentes incursiones de actores armados al margen de la Ley".
El Defensor recordó que "las masacres y su efecto subsiguiente, el desplazamiento forzado, constituyen crímenes de lesa humanidad y degradan de manera acelerada la vida de la población indígena".
El siguiente es el texto del comunicado:
"La pugna por el control territorial por parte de los diferentes grupos armados ha desencadenado una arremetida sin antecedentes contra la población indígena en toda la geografía nacional.
Los territorios indígenas se han convertido en un escenario de guerra. Cada día asistimos a un preámbulo de la extinción de ricas culturas indígenas que son consideradas como patrimonio de la humanidad.
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su labor dedefender, proteger y promover los derechos fundamentales ha solicitado numerosas acciones frente a las violaciones de derechos humanos que afectan los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó, Magdalena, Serranía de Perijá, Catatumbo, Norte de Santander, Boyacá, Choco (Juradó), Antioquia, Córdoba, Valle delCauca, Cauca, Nariño, Meta, Vaupés, Amazonas, Guainía, Guaviare, Tolima, Huila, y Risaralda, regiones del país sometidas a una cruenta arremetida contra estas poblaciones.
La semana pasada, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de varios hechos que atentaron directamente contra la estabilidad y la vida de los pueblos indígenas en Colombia.
En la región de Tierralta, Córdoba se desplazaron por lo menos 374 indígenas Embera Katío, pertenecientes a las comunidades asentadas a las orillas del Río Esmeralda, debido a amenazas recibidas por parte de las FARC.
Durante los días 1 y 2 de Junio en la comunidad de Beguidó, Río Esmeralda, se realizó una Asamblea de Gobernadores, donde sus participantes permanecieron sin poderse mover libremente dado que las AUC instalaron un reten ilegal sobre el río Sinú.
En esa misma fecha, hombres armados secuestraron a escasos 50 metros de la casa del Cabildo Mayor de los ríos Verde y Sinú de Tierralta, al líder del pueblo Emberá Katio, Kimi Pernia Domico
En el departamento del Cauca, el pasado 31 de mayo, en el casco urbano de Santander de Quilichao, fueron desaparecidos los indígenas Libardo Méndez Pazu y Fabián Alexis Menez Dagua, del Resguardo-Municipio de Jambaló.
El 3 día 3 de junio, en el casco urbano del resguardo de San Francisco, municipio de Toribío, miembros del grupo guerrillero Jorge Eliécer Gaitán amenazaron de muerte al gobernador indígena del cabildo de Jambaló, Eliseo Ipia.
Por último, en la vereda El Salado, municipio de Riosucio, Caldas, el pasado 7 de junio, miembros de las AUC amenazaron a 14 familias de la Comunidad Indígena de Nuestra Señora de la Candelaria de la etnia Embera Chami obligándolas a desplazarse hacia la cabecera municipal. Los restantes 620 indígenas han comenzado a desplazarse hacia Riosucio por el temor a una masacre.
La crisis de derechos humanos que afrontan los pueblos indígenas de Colombia, plantea al Estado colombiano urgentes medidas de protección y adopción de políticas integrales que incidan en el restablecimiento del orden público en las regiones atravesadas por permanentes incursiones de actores armados al margen de la ley.
Las masacres y su efecto subsiguiente, el desplazamiento forzado, constituyen crímenes de lesa humanidad y degradan de manera acelerada la vida de la población indígena, dado que el desarraigo territorial altera gravemente su identidad, integridad y cultura.

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