Semana crucial para Pinochet

SANTIAGO.- La primera semana del 2001 estará marcada, al igual que muchas del año que quedó atrás, por el "caso Pinochet", pero también por los derechos humanos, el tema central de la reunión que mantendrán hoy el presidente Ricardo Lagos y los jefes militares.
El próximo sábado, además, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden entregarán la información que han recopilado sobre el paradero de los detenidos desaparecidos bajo la dictadura, de acuerdo con el compromiso que adquirieron en la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos.
El telón de fondo, una vez más, será la batalla jurídica que la defensa y los querellantes protagonizan desde marzo pasado ante los tribunales chilenos para liberar o condenar al octogenario general por su responsabilidad en 75 crímenes de la llamada "Caravana de la Muerte".
Desde el 3 de marzo, cuando el ex gobernante (1973-1990) pisó suelo chileno tras estar 503 días bajo arresto domiciliario en Londres, el caso Pinochet ha absorbido la tarea de la Justicia.
La interminable seguidilla de escaramuzas legales en que se ha transformado en Chile, al igual que en Londres, el caso Pinochet, no impidió su desafuero ni que el jubilado general esté en el umbral de un juicio, escenario que desean evitar a toda costa sus abogados.
El pasado martes 20 de diciembre, la Corte Suprema fijó 20 días para la realización de exámenes mentales y neurológicos al ex dictador con la orden expresa de que una vez expirado el plazo (el 9 de enero) se le interrogue con o sin estos peritajes, escenario que lo deja al borde del juicio.
Por ello, el abogado defensor Pablo Rodríguez pidió el pasado viernes al máximo tribunal tomar las medidas para que el juez Juan Guzmán no dilate más la fijación de la fecha de la evaluación clínica que determinará si Pinochet está en condiciones de afrontar un proceso.
El código de procedimiento penal chileno establece que los imputados mayores de 70 años deben someterse a exámenes médicos para determinar si están aptos mentalmente para ser enjuiciados, única causa que permite evadir la justicia.
El juez, aparte de fijar el peritaje médico, también se debe pronunciar sobre la nueva solicitud de los querellantes para que se cambie el Hospital Militar como recinto donde el ex jefe militar será examinado.
Según Rodríguez, jefe del equipo que defiende al ex jefe militar, el juez Guzmán está mostrando "parcialidad" con su demora, lo que "no es compatible con sus funciones", por lo que no descartó la posibilidad de recusar al magistrado.
Mientras tanto, en las próximas horas el presidente Lagos presidirá por primera vez una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), solicitada por los militares después de que el juez Guzmán sometiera a proceso a Pinochet el pasado 1 de diciembre, dictamen que la Corte Suprema anuló el martes 26 de diciembre por errores de forma.
La convocatoria del COSENA se hizo a pesar de que el Gobierno estimara inconstitucional tratar asuntos judiciales en esa instancia, aunque la justificación de dicha decisión fue que se abordaría un escenario más amplio marcado por la reconciliación y los derechos humanos.
El COSENA está integrado por el presidente de la República, los presidentes de la Corte Suprema y del Senado, el Contralor, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, y puede ser convocado por el mandatario o a solicitud de dos de sus miembros.
El próximo 6 de enero las Fuerzas Armadas, del Orden y las Iglesias entregarán el resultado de seis meses de recopilación de información sobre el paradero de los 1.185 detenidos desaparecidos que dejó la dictadura militar, en el ámbito de la Mesa de Diálogo.
El compromiso suscrito por la instancia -que reunió por primera vez a civiles y militares- fue calificado como un paso "histórico" hacia una efectiva reconciliación nacional y, de la información que se entregue dependerá en gran parte el camino que asuma el sensible tema de los derechos humanos en Chile.