Gobierno de Clinton prepara la transición ante dos grupos politicos

WASHINGTON.--- Apremiado por el tiempo, el Gobierno de EEUU iniciará la transición con los dos candidatos que luchan en los tribunales por la Presidencia, casi un mes después de las elecciones más reñidas en la historia del país.
Esas tareas comenzarán la próxima semana con la investigación federal de los antecedentes de los posibles funcionarios del más alto nivel del que sería un eventual gobierno del republicano George W. Bush o del demócrata Al Gore, dijeron fuentes oficiales.
Uno de los dos debe asumir el 20 de enero próximo, después de que los tribunales hayan determinado finalmente quién ganó el estado de Florida y sus 25 votos electorales.
"Hemos acordado con ambas campañas que tendría sentido realizar las dos investigaciones de forma paralela", manifestó el portavoz de la Casa Blanca Jake Siewert.
Este es un proceso normal a cargo de la Oficina Federal de Investigación con el objeto de establecer si una persona tiene problemas para ocupar un cargo de gabinete o ser un funcionario del más alto nivel en otros organismos del gobierno.
Siewert agregó que la decisión fue tomada durante reuniones celebradas ayer, viernes, por el actual jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Podesta, con ambos directores de transición: el republicano Andrew Card y el demócrata Roy Neel.
Previamente, el Gobierno de Clinton se había negado a iniciar la transición con el equipo republicano al señalar que era inadecuado hacerlo si todavía no se sabía quién era el 43 presidente electo de Estados Unidos.
Despejar esa incógnita está ahora en manos del Tribunal Supremo de Florida y del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Este último intervino ayer en la lucha con el objeto de determinar si debe pronunciarse en la controversia por considerarla un problema federal o dejarla en manos del Supremo de Florida.
Los abogados de Bush pidieron al Tribunal de EEUU que declare inconstitucional la decisión del Supremo de Florida que validó los recuentos y extendió la fecha para la certificación de los resultados en ese estado.
Una victoria de Bush en este caso ampliaría su ventaja actual en Florida de 537 a 930 votos.
Por otra parte, la decisión sería un revés para Gore, quien ha pedido continuar el recuento de votos con la esperanza de conseguir los que necesita para ganar el estado y proclamarse presidente electo.
Florida debe designar el 12 de diciembre a sus 25 delegados al colegio electoral, donde se elegirá formalmente, seis días después, al nuevo presidente.
"No somos los árbitros de la ley estatal, son ellos (los jueces del Supremo de Florida)", advirtió la juez Ruth Bader Ginsburg, nombrada por el presidente Bill Clinton y que pareció inclinada a dejar el asunto en mano de los magistrados estatales.
El abogado de Bush afirmó que el Supremo de Florida, al "reformular" la ley que imponía un plazo final para la certificación, violó una ley federal de 1887 que deja en manos de la Legislatura estatal las reglas para la elección presidencial.
Los jueces preguntaron al abogado de Gore, Laurence Tribe, si el Supremo de Florida ha invadido el poder del Legislativo y el Ejecutivo de ese estado.
"Pienso que el Tribunal (Supremo de la nación) entiende la gravedad de intervenir en este proceso", dijo Tribe.
"En este momento" no se justifica que el alto foro judicial decida esta elección, señaló.
La campaña de Gore ha planteado también que el Tribunal Supremo de EEUU debe impedir los planes de la Legislatura estatal, de mayoría republicana, para intervenir en la selección de los delegados de Florida, que en última instancia decidirán el nuevo presidente.
Los expertos creen que la decisión del Supremo será divulgada la semana próxima y sostienen que si los jueces están muy divididos posiblemente se inclinen por desestimar el caso.
Las elecciones generales del pasado 7 de noviembre reafirmaron una vez más ayer el título de las más reñidas de la historia política estadounidense, cuando el estado de Washington anunció la victoria de la candidata demócrata al Senado, María Cantwell, por un margen de sólo una décima de punto porcentual.
Eso significa que por primera vez en más de un siglo los cien miembros de la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos estarán divididos entre 50 republicanos y 50 demócratas.