Acusan a carceleros de traficar con espermas congelados

FILADELFIA - Dos carceleros estadounidenses fueron acusados de ayudar a prisioneros en un contrabando de espermas congelados, en conexión con las esposas y novias de los convictos, a cambio de miles de dólares.
En lo que podría convertirse en el primer caso legal en torno a este tipo de contrabando, se indica que los guardianes prestaron servicios como banco de espermas a los prisioneros de la cárcel de Allenwood.
Entre los beneficiados del contrabando figura un convicto sicario de la mafia.
"Tengo ocho años en este trabajo, pero este es el primer caso de contrabando de esperma que veo", dijo el abogado David Barash, quien dijo que las acusaciones derivaban de una investigación de dos años realizada por el FBI.
"Comúnmente, los contrabandos son de drogas, comida o de dinero", agregó Barash.
Los funcionarios federales no pudieron confirmar el reporte de un periódico local que indicó que las autoridades de la prisión comenzaron a sospechar del contrabando cuando uno de los presos, que llevaba 10 años en la cárcel, se refirió a una visita de su bebé a la prisión.
Las leyes estadounidenses prohíben las visitas conyugales a prisiones federales.
Los dos sospechosos no traficaban como grupo, pero hacían sus operaciones en forma particular, dijeron los funcionarios.
Troy Kemmerer, de 33 años y oriundo de Muncy, Pensilvania, fue acusado de conspiración y soborno por haber aceptado, spuestamente, un pago de 5.000 dólares para llevar el esperma de un miembro del crimen organizado, conocido como Antonio "Nino" Parlavecchio, a una clínica de fertilización de Nueva York.
Si es declarado culpable, Kemmerer podría purgar hasta 20 años de cárcel y una multa de 500.000 dólares.
Tood Swineford, de 32 años y originario de Pensilvania, fue mencionado en corte por haber participado, aparentemente, en un caso de contrabando. El hombre podría enfrentar hasta 15 años de cárcel y 250.000 dólares de multa.
Un tercer carcelero de Allenwood, Mark James, de 34 años, fue acusado de conspiración y soborno, y por haber destruido documentos gubernamentales después de que supuestamente se ofreció para desaparecer información confidencial de algunos prisioneros de los archivos de la cárcel.
Si es declarado culpable, James podría encarar 23 años en prisión y una multa de 750.000 dólares.