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CONTINÚAN PROTESTAS EN ECUADOR CONTRA EL GOBIERNO

La decisión del presidente ecuatoriano, Jamil Mahuad, de "dolarizar" la economía no ha logrado detener las protestas que se han convocado en su contra y los frentes sociales afirman que con ese anuncio el gobernante "declaró una guerra".

La decisión del presidente ecuatoriano, Jamil Mahuad, de "dolarizar" la economía no ha logrado detener las protestas que se han convocado en su contra y los frentes sociales afirman que con ese anuncio el gobernante "declaró una guerra".
Mahuad anunció anoche que el país irá hacia la "dolarización" y con ese esquema frenará "para siempre" la devaluación monetaria y la inflación.
El jefe del Estado precisó que 25.000 sucres equivaldrán a un dólar, por lo que la economía se manejará tanto con el equivalente en moneda local como en divisa.
Esa decisión fue adoptada por el presidente para frenar una escalada especulativa que llevó al dólar a apreciarse en más de un 200 por ciento en el último año, hasta superar en algunos momentos el récord de 28.000 sucres.
Mahuad señaló además que este sistema va a permitir que los tipos de interés en Ecuador "se comparen a los internacionales y podamos tener niveles de entre un ocho y un doce por ciento".
Asimismo, afirmó que la "dolarización" permitirá reducir en 50 puntos la inflación que en 1999 llegó al 60 por ciento y que amenazaba con desatar una "hiperinflación" de hasta tres dígitos.
El anuncio de Mahuad tuvo una acogida positiva por parte de varios grupos de empresarios que aseguraron que el nuevo sistema tranquilizará a los agentes financieros.
El analista económico Jorge Rodríguez señaló que la "dolarización" también dará confianza a los inversores internacionales, ya que los capitales foráneos podrán llegar sin el riesgo de variaciones financieras y monetarias drásticas como las que se han sucedido frecuentemente en el país.
Rodríguez aseguró que el nuevo sistema monetario permitirá fortalecer al aparato productivo.
No obstante, la "dolarización" fue criticada por las autoridades del Banco Central que consideraron la propuesta como "no viable" en las actuales circunstancias de crisis económica.
La gerente del banco emisor, Virginia Fierro, señaló que para adoptar ese sistema se necesita una "absoluta confianza" en los agentes financieros y sobre todo en los bancos que afrontan una aguda crisis de liquidez.
El anuncio de Mahuad tuvo, también, una respuesta inmediata de los frentes sociales que calificaron sus decisiones de "nefastas" para los sectores más pobres.
Un dirigente del Movimiento Pachacutik, de izquierda, Napoleón Saltos, manifestó que el plan ideado por Mahuad, "lo único que hace es agudizar las condiciones precarias del pueblo".
Señaló que en esta semana los frentes sociales radicalizarán sus protestas para exigir la salida del gobernante, de todo el Gobierno, del Congreso y la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, el presidente de Ecuador anunció ayer que todos los ministros de su Gabinete han presentado una renuncia colectiva a sus cargos.
Para el analista económico Alberto Acosta, la decisión de Mahuad tendrá dos efectos, uno político y otro financiero.
"En lo político, el presidente ha declarado una guerra a los sectores populares", pues la conversión monetaria afectará directamente a los salarios de los trabajadores, cuyo ingreso promedio es inferior a los cien dólares, señaló Acosta.
El economista dijo que los sectores sociales "seguramente van a reaccionar con fuerza, pues no hay los cambios necesarios que se esperaban, pues nuevamente el Gobierno ha optado por el viejo esquema de beneficiar a los poderosos", es decir a quienes tienen dinero.
En el campo económico, señaló Acosta, Mahuad ha reconocido "que ha fracasado su política económica y a corto plazo puede haber una reducción de la inflación, pero la economía ecuatoriana queda extremadamente expuesta a lo que pueda pasar en el ámbito internacional".
Acosta puso como ejemplo que una posible devaluación monetaria en Colombia o Perú podría causar fuertes distorsiones en la economía local puesto que, aseguró, Ecuador no está en condiciones de competir equitativamente con sus vecinos, tanto por la crisis como por la baja productividad de su economía.

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