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Los efectos jurídicos y políticos de la suspensión al alcalde Quintero

Panelistas consideran que decisión da impulso al Pacto Histórico y al alcalde Quintero. Creen una torpeza la designación del alcalde encargado.

Los efectos jurídicos y políticos de la suspensión al alcalde Quintero

Los efectos jurídicos y políticos de la suspensión al alcalde Quintero

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En Hora20 un debate para decantar, 24 horas después la decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero por participación en política, se debatió sobre las distintas dimensiones: el antecedente del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el impacto en la campaña presidencial y la narrativa que se impulsa desde el Pacto Histórico. Por otro lado, un análisis a los avances en la investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci en Barú y el rol de las autoridades.

A solo 18 días de la jornada de elecciones, se ha desatado toda una tormenta política en el país tras la decisión que tomó anoche la Procuraduría de suspender hasta por tres meses al alcalde de Medellín Daniel Quintero, al de Ibagué, Andrés Hurtado y a un concejal y personero por “presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas”, por lo tanto, se da una suspensión temporal y el avance de la investigación disciplinaria. La Procuraduría consideraría que hasta en ocho trinos, en entrevistas y distintas declaraciones el alcalde Quintero habría incurrido en participación política, la más reciente, un video en Twitter en el que mientras maneja un carro dice “el cambio es en primera”, además, el órgano considera que tiene la facultad de destituir, suspender e inhabilitar funcionarios públicos.

Este punto ha desatado una discusión jurídica de fondo, pues existe el antecedente del fallo de la Corte Interamericana de Derecho Humanos en el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, en la cual el tribunal advierte que no se puede quitar derechos políticos como la inhabilidad o destitución a elegidos por voto popular a través de sanciones administrativas como las de la Procuraduría, pues se establece que serán solo los jueces quienes impongan estas sanciones a nivel disciplinario. Sin embargo, varios juristas han destacado que hay vacíos en términos de la suspensión temporal, pues no es claro si en ese caso hay lugar a actuación de la Procuraduría. En todo caso, el Ministerio Público insiste en que sí tiene estas facultades tras la reforma al código disciplinario en 2021, el cual está a la espera de la revisión en la Corte Constitucional.

Lo que dicen los panelistas

Gabriel Cifuentes, abogado, exdirector de transparencia, excandidato al congreso y profesor universitario, planteó que se está ante dos escenarios: “con base en lo que se conoce, es posible afirmar que alcalde Quintero sí participó en política, él no está llamado a pronunciarse a favor o en contra de algún candidato; eso va en contravía de disposiciones jurídicas”, pero también comenta que la decisión que toma la Procuradora, es otra forma de participación en política velada, “ella de manera selectiva, es rápida en tomar decisiones como sanción de suspensión y además, contrariando la decisión de la sentencia de la CorteIDH”.

Señaló que es escandaloso lo que ocurre al desconocerse la decisión de la Corte en 2020, pero comenta que quitar al alcalde sí tiene impacto para la campaña de Petro porque le resta capacidad de manejar contratistas y aparataje de alcaldía. También plantea que se genera un mártir, le da libertad de hacer política y asegura que no termina “asustando” al electorado petrista. Por último, comentó que la designación de Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado es un acto desafiante que envía un fuerte mensaje político a la ciudadanía de Medellín.

Para Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario y miembro de Visión Colombia 2022, cuando la constitución ordena una actuación, no hay nada más bello que el funcionario cumpla con su mandato, “lo cierto es que es una decisión en derecho, cumpliendo el artículo 277 que impone obligación de atender a quienes desempeñan funciones públicas”, agregó que la ley ha sido defendida por distintos procuradores, por lo cual, cree que no cabe algún cálculo político en la decisión.

Destacó que mientras que se hace un debido proceso transparente, progresista y garantista, pues Quintero podría hacer uso y abuso de recursos para apoyar a Petro. De otro lado, comentó que esta decisión no es más que un mandato constitucional al que se le debe fidelidad, “el mandato constitucional se ha desarrollado bajo tesis que funciones administrativas no pueden controvertir decisión popular”, afirmó.

Clara López, economista, exministra y senadora electa por el Pacto Histórico, señaló que es grave el proceso de desinstitucionalización que ocurre en el gobierno con motivo del proceso electoral y todo lo que se hace para impedir que sea elegido quien parece ser el que encabeza encuestas, advirtió que también se ha visto participación en políticas en decisiones sobre juntas directivas de Ecopetrol e ISA para perpetuar funcionarios en adelante o en la decisión sobre Ley de garantías, “creo que estamos ante situación crítica al retirar al alcalde de Medellín”, apuntó.

Definió como “escandaloso” el reemplazo del alcalde Quintero mientras dura la suspensión, “la situación es gravísima en el orden democrático, toca ver y decidir si seguimos por el camino de hacer las cosas inconstitucionales”.

María Teresa Ronderos, periodista, columnista y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, planteó que sí es claro que muchos funcionarios han participado en política, pero considera que la Procuraduría se mete en la enorme polarización, aumentándola al tomar una decisión que es mucho más polarizante, “eso termina debilitando a la Procuraduría”, y agregó que, si realmente se quería hacer algo en beneficio del país, se hubiera tomado otro tipo de decisión que vinculara otras figuras que también se han pronunciado en materia política.

Destaca que la suspensión se da justo en el tiempo que queda del debate electoral y lo saca de tener cualquier derecho político. Por último, recordó que Juan Camilo Restrepo tiene trayectoria cuando estuvo al frente de Augura, “este gremio hizo aportes a candidatos del Centro Democrático; se hizo aporte a campaña por el NO, ¿cómo puede ser esto? Si va a nombrar figura que por lo menos tenga una posición técnica”, concluyó.

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