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El conflicto de intereses de Walfa Téllez, esposa del fiscal general

La fundación que dirige Téllez asesora un plan de mejoramiento que ella misma ordenó siendo contralora.

El 18 de diciembre de 2020, la Contraloría General presentó el informe de la auditoría de cumplimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre y Canoas.  

La persona que firmó este documento es Walfa Constanza Téllez Duarte, quien en ese momento era la contralora delegada para el Medio Ambiente. Téllez, esposa del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, es una profesional en Finanzas y Relaciones internacionales que trabajó en la Contraloría hasta principios de 2021. Renunció y desde entonces es la directora ejecutiva de la Fundación Ríos Sostenibles.

En el informe, la contralora Téllez detalló diecisiete hallazgos administrativos que podían ser subsanados con un plan de mejoramiento que sería vigilado por la Contraloría. Sin embargo, a las pocas semanas, Téllez renunció a su cargo, y asumió la dirección ejecutiva de Ríos Sostenibles, una fundación que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 30 de junio de 2021.

Cámara de Comercio Bogotá / Cámara de Comercio Bogotá

Actualmente, esa fundación asesora el plan de mejoramiento que propuso en la auditoría la contralora Téllez, hoy directora ejecutiva de Ríos Sostenibles. Téllez era juez y ahora es parte. Y eso es un conflicto de intereses porque la excontralora tenía que esperar dos años para trabajar en asuntos sobre los que ella incidió siendo contralora.

El numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 —que determina las inhabilidades de servidores públicos—, dice que los funcionarios tienen que esperar dos años para poder trabajar en asuntos que «estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado».

La señora Walfa Téllez debió entonces esperar hasta 2023 para trabajar en los temas que inspeccionó como contralora delegada para el Medio Ambiente. Por el contrario, renunció a la Contraloría y luego asumió la dirección ejecutiva de la Fundación que hoy asesora el plan de mejoramiento que ella misma ordenó.

La Fundación Ríos Sostenibles tiene un contrato por 190 millones de pesos para la asesoría ambiental y jurídica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre, según le confirmó a 6AM Gloria Beatriz Giraldo, gerente del Consorcio Expansión PTAR Salitre (CEPS), la concesión que construye el proyecto.

Armando Castro, representante legal de la Fundación Ríos Sostenibles, asegura que la abogada Walfa Téllez no participó en la planeación, ni en la suscripción, ni en la ejecución del contrato suscrito entre la PTAR Salitre y la Fundación Ríos Sostenibles. También dijo que Walfa Téllez es la directora ejecutiva de la Fundación y que sus funciones son meramente administrativas y no guardan ninguna relación con la celebración y la ejecución de contratos.

Además de Armando Castro y Walfa Téllez, hacen parte de esta fundación los hermanos Pablo y Felipe Echeverri Jaramillo, de la Constructora Capital. También aparece el nombre de Juan Alberto Castro, mencionado por la fiscal Angélica Monsalve, quien denunció que fue trasladada a Putumayo luego de recibir presiones para no imputarle cargos a la poderosa familia Ríos.

 

Fundación Ríos Sostenibles / Fundación Ríos Sostenibles

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