Carrusel de abogados utiliza a víctimas para desangrar al Estado
Se ha provocado una avalancha de tutelas que, en el caso de la Unidad de Víctimas, ha provocado 9.000 órdenes de arresto aconsejera presidencial de Derechos Humanos Paula Gaviria.
Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)
Un carrusel de abogados está utilizando a cientos de víctimas del conflicto en el país para cobrar millonarias indemnizaciones al Estado y, en su gran mayoría, estafar a las personas.
Así lo aseguró la Directora de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén Arango: “No son todas las víctimas, de hecho las más vulnerables no acuden a este tipo de prácticas, que es lo más revelador. En realidad sí hay grupos de abogados que están consiguiendo poderes de las víctimas y son los mismos que se van por varias vías y se quedan con las indemnizaciones”, explicó Guillén.
Al término del Consejo de Ministros cumplido en la Casa de Nariño y liderado por el presidente Juan Manuel Santos, la funcionaria indicó que desde la creación de la citada agencia en el año 2011, el Estado se ha ahorrado por ese mismo concepto recursos que ascienden a 33 billones de pesos.
“Solamente en lo que va corrido del año 2016 tenemos unos ahorros por 4,2 billones de pesos, que son básicamente en el sector de infraestructura, en el sector de la gran minería, en el sector de telecomunicaciones”, señaló.
Sostuvo además que desde la creación de la mencionada entidad “se han logrado unos ahorros que podemos demostrar de 33 billones de pesos, es lo que tenemos acumulado desde el año 2011 hasta ahora”.
Explicó que el Estado colombiano desea honrar la deuda social que tiene con la ciudadanía, por lo que ha puesto en marcha planes de prevención del daño antijurídico en entidades públicas.
“En relación con las demandas que tiene el Estado que tienen que ver con temas prestacionales y que tienen que ver con temas sociales, el Estado desea honrar todas esas deudas sociales que lleva y por eso hemos diseñado unas políticas de prevención del daño antijurídico dirigidas precisamente a que las pensiones se paguen a tiempo, a que las obligaciones laborales se reconozcan”, afirmó.
En ese sentido, puso de relieve que en la actualidad 169 de 250 entidades públicas cuentan con estos planes de prevención.