En la tarde de este lunes, <strong>terminó la argumentación de la defensa del Secretario de Educación, Dagoberto Barraza</strong>, para disuadir al Juez del caso para que no ordene la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía contra el funcionario.Durante la audiencia, <strong>la defensa argumentó lo que considera sucedió con la contratación del PAE en el Atlántico en el año 2016 por el cual está siendo procesado Dagoberto Barraza.</strong>Según Jhon Jader Buitrago, abogado de Dagoberto Barraza, todo inició con el decreto 000029 del 2016 donde se decretó la urgencia manifiesta por el Gobernador Eduardo Verano para buscar, lo más pronto, un operador para el PAE en ese año.<strong>“Barraza no podría recurrir a la modalidad más engorrosa que es la modalidad de licitación pública cuando al decretarse la urgencia manifiesta es por contratación directa</strong>, y se sabía que al decretarse la urgencia manifiesta se podría contratar si se quería a dedo”, manifestó el abogado Buitrago.Sostuvo que, ante la necesidad de prestar un servicio que es de interés general la urgencia manifiesta permitió “flexibilizar” los requerimientos para solucionar el suministro de la alimentación a los estudiantes.Además, indicó que, en dicho acto administrativo tampoco se obligaba al secretario Dagoberto Barraza a esperar el concepto de un comité evaluador para avanzar en la contratación del PAE.“<strong>A nivel legal no era necesario un comité evaluador, en urgencia manifiesta no se exige el concepto de un comité</strong>, y la Fiscalía pretende que Barraza haga lo que la ley no pide”, manifestó.Durante la audiencia, la defensa de Dagoberto Barraza, mostró un decreto en donde el Gobernador Verano delegó al funcionario las facultades para celebrar contratos.“<strong>Por lo tanto, no hay celebración indebida de contratos como lo quiere mostrar la Fiscalía”</strong>.La audiencia de medida de aseguramiento fue aplazada para este martes a las 8:00 de la mañana, para que presenten sus argumentos los abogados de los otros capturados por la presunta corrupción del PAE en el Atlántico.