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Mesa de mujeres de Bolívar celebra golpes a redes de explotación sexual

Exigieron a las autoridades distritales y departamentales que se judicialicen a los responsables

Cartagena de Indias

La Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, espacio que defiende y propende por los derechos de las mujeres, recibe con beneplácito la noticia de los operativos que permitieron a las autoridades las capturas de 18 personas nacionales, entre ellas dos integrantes de la Policía Nacional, así como de varios extranjeros, vinculados a una red dedicada al proxenetismo en la ciudad de Cartagena.

Más de 250 víctimas, entre niñas y adolescentes, habrían sido reclutadas por esta red y sometidas a toda clase de abusos y violencia sexual. La explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, estímulo a la prostitución de menores, trata de mujeres con fines de esclavitud sexual, tipificados en el Artículo 217 y siguientes del código penal, así como en la ley 1329 de 2009 y otras normas, serian algunos de los delitos por los cuales les serán imputados cargos a los capturados.

Estos hechos, además de ser una grave ofensa, constituyen una agresión a la dignidad y a los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes. La OIT considera que: “La explotación sexual comercial infantil (ESCI) es una grave violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y una forma de explotación económica análoga a la esclavitud y al trabajo forzoso, que constituye además un delito por parte de los que utilizan a niñas, niños y adolescentes para el comercio sexual”.

Ante esta eminente afectación y vulneración de derechos, fundamentada en la violencia, el engaño y el aprovechamiento de mujeres, adolescentes y niñas:

Hacemos un llamado a la sociedad cartagenera a expresarse y manifestarse ante tan atroces actos cometidos y ejercidos en los cuerpos de las niñas y adolescentes de la ciudad. La respuesta de la sociedad no puede seguir siendo el silencio y la indiferencia ante estos y otros hechos de violencias.

Denunciamos y rechazamos enérgicamente esta economía ilegal basada en toda una empresa criminal que trafica con los cuerpos de las mujeres, adolescentes y niñas, y que tiene su soporte en prácticas y violencias patriarcales, sexistas y racistas.

Enfatizamos nuevamente en la necesidad del cumplimiento de las políticas públicas de mujeres a nivel Distrital y Departamental para que, efectivamente, las mujeres, adolescentes y niñas gocemos de una vida libre de violencias.

Exigimos a las autoridades distritales y departamentales que se judicialicen a los responsables, además se continúen desarrollando este tipo de operativos para que estos hechos no continúen dándose, ni queden en la impunidad.

Es deber de la familia, la sociedad y el Estado garantizar la satisfacción real e integral de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, así como de atender sus necesidades y protegerlos ante cualquier tipo de violencia y abuso cometido.

Los derechos de la niñez prevalecen sobre todos los demás.