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Ordenan cierre temporal del edificio donde operan los tribunales de Medellín

Por ahora no se ha definido un plan alternativo para las 250 personas que laboran allí y el público atendido.

Medellín

Debido a los posibles problemas estructurales, la falta de servicios de acueducto y la carencia de un plan de acción para su restauración, las autoridades ordenaron el cierre temporal del edificio Rodrigo Lara Bonilla donde operan tribunales de Medellín.

La decisión se tomó después de una visita del director territorial del Ministerio de Trabajo con varios inspectores, quienes evaluaron las condiciones físicas del lugar y revisaron las recomendaciones entregadas por la Secretaria de Salud de la ciudad, la ARL y el departamento de gestión de riesgo de desastres, Dagrd.

“Se determinó el cierre temporal del edificio Rodrigo Lara Bonilla por el termino de tres días como medida preventiva para que la dirección ejecutiva tome el plan de acción respectivo y supere los riesgos que actualmente se tienen”, confirmó el presidente del tribunal superior de Medellín, John Jairo Gómez Jiménez.

Según el señor Gómez, el edificio de más de 50 años de antigüedad tiene múltiples deficiencias, incluso uno de los informes determinó que no posee un servicio de acueducto adecuado por lo que el agua no es apta para el consumo humano.

“Hace 40 años el edificio fue entregado como sede de los tribunales y poco a poco ha tenido una serie de anomalías e inconvenientes de todo tipo, es un edificio que se ha ido cayendo a pedazos”, consideró el presidente del tribunal.

En diálogo con Caracol Radio, el director del Dagrd, Carlos Gil Valencia, indicó que a la estructura le hace falta mantenimiento, pero que no hallaron patologías que evidencie un riesgo para quienes trabajan en él.

“El Dagrd no ha recomendado ninguna evacuación del edificio, nosotros encontramos que tiene muchas deficiencias como humedades, grietas también en algunas partes de las losas y les recomendamos hacer un estudio estructural que les demuestre que pueden tener un archivo en el último piso”, puntualizó el señor Gil.

Por ahora no se ha definido un plan alternativo para las 250 personas que laboran en el edificio y el público que es atendido en él.

Las autoridades confirmaron que la dirección ejecutiva del tribunal tendrá inicialmente un plazo de tres días para presentar el plan de mejoramiento, tiempo que puede ser prorrogable a un mes, de no hacerse “se podría ordenar el cierre definitivo de la edificación”.

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