Durante los 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella se han trasladado 2.568 reclusos

Justicia

Durante los primeros 100 días del Gobierno del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se han efectuado 2.568 traslados de hombres y mujeres privados de la libertad en cárceles del país.

Caracol Radio conoció que estos movimientos, realizados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se han desarrollado en cumplimiento de las órdenes del jefe de Estado.

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Los traslados responden a criterios de seguridad para fortalecer el control institucional, prevenir alteraciones del orden y mitigar riesgos dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios.

Los 2.568 movimientos de personas privadas de la libertad (PPL) se han efectuado entre guarniciones militares y establecimientos penitenciarios del país.

“No más guachafita” ha sido la frase con la que el presidente De la Espriella ha ordenado los traslados de los reclusos y ha anunciado medidas para frenar los hechos de corrupción denunciados en el INPEC y evitar los privilegios para unos pocos.

El objetivo de estos procedimientos es fortalecer el control de las autoridades penitenciarias, prevenir posibles alteraciones del orden y mitigar situaciones de riesgo que puedan comprometer la seguridad de las personas privadas de la libertad, los funcionarios encargados de su custodia y la ciudadanía.

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“A los criminales les duelen los traslados y creen que intimidando a nuestros guardianes nos harán retroceder. Se equivocan: vamos a protegerlos, vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la justicia”, dijo el jefe de Estado al ordenar el traslado de los reclusos, incluidos algunos considerados de alta peligrosidad.

Los traslados más sonados

Olmedo López y Sneyder Pinilla: señalados como los cerebros del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), permanecían en guarniciones militares y, por orden del presidente De la Espriella, fueron trasladados a la cárcel La Picota, en Bogotá.

Wadith Manzur: excongresista investigado por su presunta participación en el saqueo a la UNGRD. Permanecía recluido en la Estación de Carabineros de la Policía Nacional y fue trasladado a la cárcel La Picota.

Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’: fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a más de cinco años de prisión por su participación en los hechos de vandalismo que destruyeron varias estaciones de TransMilenio, cuando era influenciadora. Se encontraba cumpliendo su condena en la Estación de Carabineros de la Policía Nacional y fue trasladada a la cárcel de Picaleña, en Ibagué (Tolima).

Juan Guillermo Monsalve: exparamilitar condenado y testigo clave contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso en el que este último fue hallado culpable en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Monsalve estaba recluido en La Picota y fue trasladado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

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Margareth Chacón: Condenada por su participación en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú en Cartagena (Bolívar). Permanecía en la cárcel El Buen Pastor y fue trasladada a El Pedregal, en Antioquia.

Cabecillas de ‘la Oficina de Envigado’, ‘la Terraza’ y ‘El Mesa’: se trata de los hombres que participaron en el polémico ‘tarimazo’ en Medellín, en medio de la política de Paz Total, el 21 de junio de 2025.

Entre ellos se encuentran alias ‘Douglas’, alias ‘Carlos Pesebre’, alias ‘Orejas’ y el exparamilitar Hernán Giraldo, además de otros señalados de integrar estructuras criminales que delinquen en Medellín, el Valle de Aburrá y el oriente antioqueño.

Estos hombres, considerados de alto perfil o de máxima peligrosidad, fueron trasladados a establecimientos penitenciarios ubicados en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada y El Barne, entre otros lugares del país.

Según lo informado, estos movimientos obedecen a una orden del presidente Abelardo de la Espriella y hacen parte de las decisiones adoptadas por el Gobierno para establecer una nueva hoja de ruta en materia de seguridad penitenciaria.