Entre la rentabilidad y el servicio: los desafíos de las empresas públicas en Colombia

¿Qué debe primar en la administración de una empresa pública: su capacidad de generar resultados financieros o su responsabilidad de atender las necesidades de los ciudadanos? ¿Cómo garantizar que las decisiones de sus directivos respondan a criterios técnicos y no a los intereses de los gobiernos de turno? Estas fueron algunas de las cuestiones abordadas durante el foro Empresas Públicas: Gestión con Liderazgo, organizado por Prisa Inspira y Caracol Radio.

El encuentro reunió en Bogotá a directivos de compañías de servicios públicos y especialistas nacionales e internacionales para discutir los retos de la gestión empresarial del Estado. Las conversaciones abordaron asuntos como la rentabilidad, la prestación de servicios esenciales, la toma de decisiones, la autonomía administrativa y la necesidad de dar continuidad a proyectos cuyos plazos superan los periodos de gobierno.

Uno de los principales puntos de discusión fue si las empresas públicas deben estar sujetas a los mismos criterios de rentabilidad que las privadas. Al respecto, Felipe de Vivero Arciniegas, director de la especialización en Gestión Pública de la Universidad de los Andes, sostuvo que la Constitución de 1991 transformó el papel del Estado al introducir un escenario de libre competencia en el que las empresas públicas también deben actuar con eficiencia y generar valor. “El problema es que no lo hemos entendido aún, no nos ha hecho clic”, advirtió.

Esta visión fue compartida por Natasha Avendaño, gerente general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, quien afirmó que “una empresa pública no puede pensarse que por ser del Estado puede dar pérdidas, antes bien debería ser la que nunca dé pérdidas”. Para la directiva, la sostenibilidad financiera es indispensable a la hora de garantizar calidad, continuidad y cobertura de servicios de los que depende la vida cotidiana de millones de personas.

Esa rentabilidad no es el único criterio que debe orientar las decisiones. Sebastián Nieto, jefe de Dinámicas del Desarrollo Regional para África, Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, explicó que las empresas públicas cumplen funciones estratégicas cuando existen fallas de mercado, monopolios naturales o necesidades de inversión que el sector privado no puede atender por sí solo.

“En muchas partes del mundo estamos frente a una restricción fiscal importante, y es ahí donde apalancar recursos en las empresas públicas, si se tiene un gobierno corporativo sólido, ayuda a cumplir con algunos retos a los que el sector privado no va a llegar”, señaló. Ejemplos de dichos desafíos son la financiación de infraestructura de largo plazo y el acceso al crédito para hogares y pequeñas y medianas empresas.

La necesidad de tomar decisiones que equilibren las finanzas con las necesidades ciudadanas quedó reflejada en las experiencias de EmCali y del Acueducto de Bogotá. Roger Mina, gerente general de la primera, explicó que la modernización del alumbrado público de Cali contempla la participación de un aliado que asuma inicialmente la inversión para reemplazar 100.000 luminarias en 18 meses, mientras la empresa conserva la propiedad de la infraestructura y supervisa el servicio.

Mina explicó que el objetivo es recuperar la confianza de una ciudadanía que durante años ha pagado por un servicio sin percibir las mejoras esperadas, en este caso particular en el frente de seguridad por la falta de alumbrado en espacios públicos. El gerente insistió en que administrar recursos públicos exige evaluar distintas variables y garantizar que las inversiones se traduzcan en resultados visibles para la gente.

Por su parte, Avendaño recordó la crisis de abastecimiento de agua que enfrentó Bogotá por la sequía del sistema Chingaza en 2024. Además de las medidas de racionamiento adoptadas para evitar el agotamiento de los embalses, la empresa desarrolló una estrategia de seguridad hídrica de siete pilares con apoyo de cooperación internacional, orientada a mejorar su capacidad de anticipación frente a futuros fenómenos climáticos.

“Uno como gerente debe tener la capacidad de escuchar cuando hay gente que ha pasado por situaciones similares en otros contextos, y eso fue lo que hicimos para anticiparnos y hoy no tener ninguna dificultad para afrontar este fuerte fenómeno de El Niño”, agregó. También insistió en que la continuidad empresarial debe estar por encima de los relevos administrativos: “el Acueducto no comienza a funcionar nuevamente cada cuatro años, tiene que seguir siendo el mismo independientemente de quien mande”.

Precisamente, la influencia política sobre las decisiones empresariales se abordó como uno de los principales riesgos para la sostenibilidad de estas organizaciones. De Vivero cuestionó que todavía persistan nombramientos motivados por intereses políticos en cargos que requieren conocimientos especializados, una práctica que, a su juicio, refleja una concepción desactualizada del papel de las empresas estatales.

Mina coincidió en la importancia de que los mandatarios comprendan el valor de las organizaciones que administran. “Es fundamental que los alcaldes entiendan la importancia de los activos que son las empresas públicas como herramientas de generación de valor social y económico para la ciudad”, afirmó.

A su turno, el experto internacional en gobierno corporativo e integridad empresarial Héctor Lehuedé advirtió que no existe una fórmula capaz de aislar completamente a estas compañías de la interferencia política. Comparó la defensa de la institucionalidad con una serie de trincheras que permiten resistir las presiones de los gobernantes y evitar que cada cambio de administración implique empezar de cero.

En ese sentido, destacó la importancia de contar con juntas directivas cuyos integrantes sean seleccionados por sus competencias técnicas y que puedan dar continuidad a las decisiones estratégicas. También señaló que Colombia ha conseguido avances en gobierno corporativo, incluso más allá que muchos otros países latinoamericanos, pero le hace falta seguir fortaleciendo sus mecanismos institucionales.

“En Colombia van muy bien, pero tienen que lograr que los gobernantes de turno entiendan que son gestores temporales de activos que son de los ciudadanos”, sostuvo.

Desde la experiencia empresarial, Jorge Andrés Henao, gerente general de Transportadora de Gas Internacional (TGI), explicó que un gobierno corporativo sólido requiere responsabilidades claramente distribuidas entre los accionistas, las juntas directivas y la administración. Esa estructura debe permitir que los gerentes tomen decisiones, pero también garantizar mecanismos de auditoría, cumplimiento y rendición de cuentas.

“El manejo de recursos requiere la toma de decisiones, pero al mismo tiempo deben ir de la mano con las políticas del gobierno corporativo de la organización”, afirmó Henao, quien destacó que los grandes proyectos de infraestructura energética necesitan horizontes de ejecución que superan ampliamente la duración de un gobierno.

Para el directivo, la confianza ciudadana se construye principalmente a través de los resultados: ejecutar obras, prestar servicios de manera eficiente y generar recursos que puedan retornar a los accionistas públicos.

Esa capacidad de decidir también fue destacada por De Vivero, quien advirtió sobre los costos de la falta de planeación y de los proyectos concebidos para ser inaugurados antes de que termine una administración. En su opinión, los retrasos de las obras públicas suelen agravarse cuando las entidades evitan asumir responsabilidades y aplazan las soluciones.

“El gerente de empresa pública está actuando en nombre de todos y va a tener responsabilidad, la única decisión que no puede tomar es no tomar una decisión”, concluyó.

Las reflexiones del encuentro apuntaron así a un desafío compartido: las empresas públicas deben ser capaces de responder a las necesidades sociales además de generar valor económico tal como sus contrapartes privadas. Eso, con liderazgos técnicos y de carrera, reglas institucionales sólidas y proyectos que no dependan de la voluntad de un gobernante de turno.