Tribunal ordena entregar a Barranquilla copia de la base catastral en disputa con Puerto Colombia
La Alcaldía de Puerto Colombia considera que el fallo no afecta su autonomía catastral y evalúa posibles recursos judiciales.
Muelle 1888 de Puerto Colombia
El Tribunal Administrativo del Atlántico amparó parcialmente el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público en medio de la controversia limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia.
Entre las órdenes impartidas al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) está retirar de sus productos cartográficos la línea asociada a la Ordenanza 075 de 2009 como única referencia oficial y publicar una nueva capa que muestre, con igual jerarquía visual, las propuestas de delimitación de ambos territorios.
La providencia también establece que debe identificarse la zona como de límite dudoso, sin que esta representación implique una decisión definitiva sobre la jurisdicción.
Puerto Colombia cuestiona el alcance de la decisión
Por su parte, la Alcaldía de Puerto Colombia aseguró que la sentencia es favorable al municipio, al considerar que no autorizó el traslado de la gestión catastral a Barranquilla.
En su pronunciamiento, la administración municipal señaló: “La orden impartida al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no acoge la delimitación propuesta por el Distrito de Barranquilla”.
Aunque el Tribunal ordenó al Área Metropolitana de Barranquilla entregar al Distrito una copia de la base catastral y realizar un diagnóstico conjunto de los predios con posibles dobles inscripciones o inconsistencias, Puerto Colombia insiste en que esto no significa modificar las inscripciones prediales ni transferir el recaudo tributario.
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Más de $100.000 millones en disputa
La controversia comprende una franja de aproximadamente 1.402 hectáreas, donde estarían en juego más de 100.000 millones de pesos anuales en recaudo de impuestos. Además, tras la actualización catastral realizada por el Área Metropolitana de Barranquilla, el valor total de la base catastral de Puerto Colombia asciende a 6,7 billones de pesos.
La Alcaldía de Puerto Colombia anunció que su equipo jurídico evalúa el contenido de la providencia para determinar los recursos judiciales que podría interponer. Entretanto, el fallo no resuelve de fondo la disputa territorial, cuya definición corresponde al Congreso de la República.