Malambo pide más uniformados y fiscal especializado para enfrentar la extorsión

Tras las recientes denuncias de extorsión y un atentado contra la vivienda de un agente de tránsito en el sector de Mesolandia, las autoridades de Malambo realizaron un consejo extraordinario de seguridad para definir nuevas acciones frente a la situación de orden público en el municipio.

La reunión fue liderada por la alcaldesa Yenis Orozco y contó con la participación de la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional, el Gaula, la Sijín, la Fuerza Aérea, el Batallón Vergara y Velasco y la Defensoría del Pueblo.

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Como principal conclusión, la administración municipal solicitó al Gobierno Nacional y al Departamento el fortalecimiento del pie de fuerza en Malambo y la asignación de un fiscal especializado que permita avanzar con mayor rapidez en las investigaciones y procesos judiciales relacionados con los delitos que afectan al municipio.

La alcaldesa advirtió que actualmente nueve cuadrantes de la Policía deben cubrir los 67 barrios de Malambo, situación que, según la administración, hace necesario aumentar el número de uniformados para mejorar la capacidad de respuesta y prevención.

“Necesitamos más pie de fuerza para Malambo y un fiscal especializado que nos permita dar resultados mucho más rápidos frente a las denuncias que estamos recibiendo”, señaló la mandataria.

Durante el consejo también fue destacada la captura de una mujer señalada presuntamente de realizar cobros extorsivos casa a casa en el barrio Mesolandia, uno de los sectores donde se han conocido recientemente denuncias relacionadas con este delito.

Otro de los puntos de preocupación expuestos durante la reunión fue la presunta utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras delincuenciales para desarrollar actividades relacionadas con el delito.

Refuerzo de operativos

Frente a este panorama, las autoridades acordaron fortalecer los patrullajes y las acciones operativas en los sectores donde se han identificado mayores riesgos de seguridad, con participación de las diferentes instituciones que hicieron parte del consejo.

La administración municipal señaló que estas medidas buscan recuperar la tranquilidad de los habitantes y mejorar la capacidad institucional para responder a las denuncias de extorsión y otros hechos delictivos.

Las solicitudes de mayor presencia policial y de un fiscal especializado serán trasladadas a las autoridades departamentales y nacionales, mientras continúan las investigaciones sobre los casos denunciados en Mesolandia.