Incautan 264 celulares y drogas en cárcel de El Barne en Cómbita, Boyacá
Con 300 funcionarios del INPEC y la Policía Nacional se adelantó una intervención de registro y control en el centro penitenciario de Boyacá. El presidente Abelardo de la Espriella destacó los resultados y anunció más controles contra las redes criminales.
En este operativo adelantado por el INPEC y la Policía Nacional en la cárcel de El Barne en Cómbita, Boyacá, se incautaron 264 celulares, 456 tarjetas SIM, 24 dispositivos wifi, 91 armas cortopunzantes.
Tunja
Un importante operativo de registro y control se llevó a cabo en la cárcel de El Barne, ubicada en Cómbita, Boyacá, con la participación de 300 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en articulación con la Policía Nacional.
El procedimiento dejó como resultado la incautación de 264 celulares, 456 tarjetas SIM, 24 dispositivos wifi, 91 armas cortopunzantes, más de siete millones de pesos en efectivo, varios kilogramos de cocaína y marihuana, además de 800 litros de licor artesanal, joyas y otros elementos tecnológicos.
A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la intervención y aseguró que su Gobierno busca recuperar el control de los establecimientos penitenciarios.
«¡En la era del tigre, en las cárceles se impone la ley, la disciplina y la autoridad con mano firme! ¡Se les acabó la fiesta a los delincuentes que pretenden seguir operando desde las prisiones!», expresó el mandatario.
De la Espriella también insistió en que las cárceles no pueden convertirse en espacios desde donde se coordinen actividades delictivas.
«¡Cárcel es cárcel! ¡No son centros de operaciones criminales ni lugares de privilegios para los delincuentes! He dado una orden clara: cerrarles el paso a las redes criminales que pretenden seguir extorsionando, amenazando y coordinando delitos desde los establecimientos penitenciarios», señaló.
Finalmente, el presidente anunció que continuará fortaleciendo los controles en las prisiones, con el propósito de combatir la corrupción y evitar que las personas privadas de la libertad sigan coordinando delitos desde los centros de reclusión.