Activistas LGBTIQ+ exigen protección y rechazan la estigmatización en el caso Petro
Líderes queer cuestionan el impacto de las acusaciones contra el expresidente en las mujeres trans y trabajadoras sexuales. Piden garantías para denunciar, rechazan la discriminación y exigen que los señalamientos se investiguen con pruebas.
Ayer se conocieron nuevas piezas en el caso que involucra al expresidente Gustavo Petro. La revista Semana publicó fotografías, chats y documentos entregados por Deicy Jiménez, quien lo acusa de presuntamente favorecerla con contratos estatales a cambio de encuentros sexuales. Sin embargo, ese material aún no ha sido verificado por las autoridades. En medio de la polémica, organizaciones LGBTIQ+ expresan su preocupación por la estigmatización de las mujeres trans y por las denuncias de supuestos ofrecimientos de dinero para declarar contra el exmandatario.
En medio de la controversia, también surgió una denuncia de Abby Hernández, directora de la Fundación Las Libertarias, quien aseguró que varias mujeres trans del barrio Santa Fe, en Bogotá, habrían recibido ofertas de $300.000 para declarar que tuvieron encuentros sexuales con el expresidente. La información, conocida a través de testimonios, todavía requiere verificación independiente y no permite establecer quién estaría detrás de los presuntos ofrecimientos.
¿Qué dicen las organizaciones LGBTIQ+?
En entrevista con Caracol Radio, Jesús David Soto, director de Diversidades Humanas, insistió en la necesidad de que las acusaciones estén respaldadas por pruebas.
“Es necesario que se aporten pruebas a estas denuncias, que no queden siendo solo testimonios en el aire sin un respaldo de fondo”, afirmó.
Soto también advirtió sobre las consecuencias negativas que la controversia podría tener para la población trans. Según explicó, su organización ha recibido alertas y testimonios sobre los presuntos ofrecimientos de dinero, pero algunas mujeres temen exponerse públicamente y denunciar por posibles represalias.
“Hemos estado conversando con las personas que dieron los testimonios para que en efecto se realicen las denuncias pertinentes, pero debido a las pocas garantías y al temor a que apliquen represalias contra ellas no han denunciado formalmente”, señaló.
El director de Diversidades Humanas considera que el debate puede profundizar los prejuicios contra las personas trans y afectar las luchas por el reconocimiento de sus derechos.
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A las voces de los activistas se suma la Fundación Juntanza Puteril, que publicó un comunicado el 26 de octubre, firmado por Anna Von Kass.
En el documento, Von Kass recuerda que en 2025 lideró la Dirección de Mujeres en Actividades Sexuales Pagadas del Viceministerio de las Mujeres, en el Ministerio de Igualdad y Equidad. Según explica, su designación respondió a su experiencia como trabajadora sexual y al cumplimiento de los requisitos técnicos del cargo.
La firmante asegura que durante su nombramiento y ejercicio de sus funciones no recibió propuestas sexuales, solicitudes indebidas ni favores a cambio de su vinculación.
“No recibí ninguna propuesta de carácter sexual, ninguna solicitud indebida, ninguna prebenda ni ningún favor a cambio de mi nombramiento o del ejercicio del cargo. Ni de Gustavo Petro, ni de su entorno, ni de ninguna persona involucrada en el proceso”, afirma el comunicado.
Desde esa experiencia, Von Kass cuestiona que las acusaciones se extiendan a la idea de que existió un patrón generalizado de exigencias sexuales a cambio de contratos públicos.
“Exijo que el debate público se base en pruebas y no en generalizaciones. Rechazo el uso político de nuestros cuerpos y de nuestro trabajo para construir narrativas sin sustento”, sostiene Von Kass.
Las mujeres trans piden garantías y rechazan la estigmatización
Yuliana Ángel Sanabria, mujer trans, defensora de derechos humanos y presidenta de la Asociación Prisma en Movimiento, también cuestionó la manera en que la controversia puede afectar a las mujeres y sus luchas históricas por la igualdad.
“Más que rabia da es tristeza cómo las mujeres hoy somos instrumentalizadas”, expresó.
Ángel considera que la discusión puede terminar perjudicando a poblaciones que históricamente han enfrentado discriminación y que han buscado espacios de participación política y reconocimiento de sus derechos.
En materia de protección, pidió que las garantías para las mujeres que denuncian no dependan de sus posiciones políticas ni de su identidad de género. Para ella, todas deben tener la posibilidad de acudir a las autoridades sin temor a represalias o discriminación.
La controversia requiere verificaciones. La existencia de contratos o de fotografías y conversaciones publicadas no demuestra automáticamente que hubiera intercambios sexuales a cambio de vinculaciones estatales. Del mismo modo, las declaraciones sobre presuntos ofrecimientos de dinero deben contrastarse con pruebas y testimonios verificables.
Mientras se esclarecen los hechos, las organizaciones y activistas consultados insisten en que las mujeres trans y trabajadoras sexuales no deben ser reducidas a estereotipos ni quedar expuestas a nuevas formas de violencia por participar en el debate público.
Su exigencia es que las denuncias se investiguen con rigor, que se respeten los derechos de todas las personas involucradas y que ninguna mujer tenga que poner en riesgo su seguridad para contar lo que sabe.
