Tribunal ordena intervenir colegio de Muzo por riesgos estructurales
El fallo fija un plazo de 13 meses para avanzar en las obras de la Institución Educativa San Marcos, cuya infraestructura presenta daños que, según la Personería, amenazan la seguridad de la comunidad educativa.
I.E. San Marcos, Muzo Boyacá
El Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó en segunda instancia la decisión judicial que ordena al departamento y al municipio de Muzo intervenir la Institución Educativa San Marcos, debido a los problemas estructurales que presenta su infraestructura. El personero de Chiquinquirá, Carlos Fajardo, explicó que la decisión ratifica un fallo de primera instancia emitido en 2024 y busca que se adopten medidas para proteger a estudiantes, docentes y demás trabajadores del plantel. «...El colegio ha presentado ya desde hace muchísimas décadas amplios problemas con su infraestructura, que ya amenazan la ruina, amenazan el riesgo...», afirmó.
Fajardo advirtió que la institución es una de las principales sedes educativas del Occidente de Boyacá y recibe una población estudiantil numerosa en sus jornadas de mañana y tarde. Según indicó, en cada jornada confluyen entre 2.500 y 3.000 estudiantes. A esta situación se suma una obra que comenzó en 2011 y quedó inconclusa. «...Hay un elefante blanco, una obra que se inició en el 2011 y nunca se terminó, quedó solo el esqueleto...», señaló el personero al referirse a la construcción que permanece sin finalizar dentro de la institución.
El representante del Ministerio Público indicó que ya había iniciado un incidente de desacato ante el incumplimiento de los plazos establecidos en la primera decisión judicial. Según explicó, el trámite involucra al gobernador de Boyacá y a la alcaldesa de Muzo, a quienes se requirió por las actuaciones pendientes. «...Voy a continuar con ese incidente de desacato y voy a solicitar que se empiecen a hacer las reuniones de comité de verificación de cumplimiento de fallo...», manifestó Fajardo. El objetivo es hacer seguimiento a las obligaciones fijadas por la justicia y establecer si las autoridades están avanzando en las acciones ordenadas.
El plazo señalado para el cumplimiento de las medidas es de hasta 13 meses, de acuerdo con lo expuesto durante la declaración. La Gobernación de Boyacá deberá liderar las intervenciones junto con la administración municipal de Muzo, conforme a las condiciones establecidas en la decisión judicial. El proceso contempla la adopción de medidas de seguridad, la realización de estudios técnicos y la definición de las obras necesarias para atender los daños estructurales. La ejecución y el cumplimiento de las órdenes serán objeto de seguimiento judicial.
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