Consenso de Ginebra: experta explica impacto real sobre los derechos reproductivos de las mujeres

El regreso de Colombia a la adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, formalizado por el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, generó un nuevo debate sobre el futuro de los derechos sexuales y reproductivos en el país.

En Dos Puntos de Caracol Radio, María Cecilia Ibáñez, integrante de Causa Justa y asesora senior de incidencia para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, aclaró el alcance real de esta medida.

Según señaló la experta, este movimiento diplomático no tiene la facultad de modificar las leyes colombianas vigentes: “Esta adhesión de Colombia al Consenso de Ginebra no tiene por qué cambiar en absoluto ninguna de la normativa que existe a nivel interno en Colombia en cuanto a acceso a derechos sexuales y reproductivos, incluyendo acceso al aborto. El consenso es un acuerdo político, una declaración política que promovió el gobierno de Donald Trump en 2020 y a la cual se han adherido ciertos estados, pero no es un tratado internacional”.

“No es una declaración oficial de Naciones Unidas”

Para comprender el impacto de esta decisión, Ibáñez señaló que este documento defiende la protección de la vida, la familia y la soberanía nacional en políticas de salud. Sin embargo, carece de fuerza legal obligatoria. “No es una declaración oficial de Naciones Unidas y no es un documento tampoco que cuente con el apoyo de toda la comunidad internacional. En ese sentido, no es un documento del cual se deriven obligaciones directas para Colombia en cuanto a este tema”, precisó.

En ese sentido, tanto los tratados internacionales de derechos humanos como la Sentencia C-055 de 2022 (21 de febrero de 2022), que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia, se mantienen plenamente vigentes.

“A nivel interno, todas las mujeres y todas las personas pueden seguir gozando de sus derechos reproductivos plenamente. Ninguna entidad en el país, ninguna EPS, ningún prestador de servicios tiene la posibilidad de negar el acceso a estos derechos en este momento”, reiteró la experta.

Ibañez advirtió que esta adhesión sí representa una giro en la proyección internacional del país: “Lo que esto quiere decir en términos prácticos es que Colombia ha cambiado la manera en que habla sobre este tema a nivel internacional”.

Por último, hizo un llamado a la vigilancia activa frente a posibles estrategias que busquen debilitar los derechos actuales a mediano y largo plazo: “Sí representa una preocupación este cambio drástico porque además puede que se apoyen en esto para tomar algunas decisiones adicionales a futuro”.

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