Entre enero y agosto de este año se registraron 111 eventos de desplazamiento y 63 de confinamiento

Bogotá

Según cifras de la Defensoría del Pueblo durante los primeros ocho meses de este 2026 se registraron en Colombia 111 eventos de desplazamiento forzado masivo y 63 eventos de confinamiento.

Desplazamiento forzado

Entre enero y agosto de este año estos 111 eventos se registraron en 16 departamentos de Colombia y afectaron a 23.931 personas.

Las zonas más afectadas:

Cauca: 6.710 personas desplazadas

Norte de Santander: 4.364

Antioquia: 3.163

Las conductas y afectaciones a los derechos humanos más recurrentes de los actores armados y causantes de los desplazamientos masivos en el país son las amenazas, los combates, los ataques con drones equipados con explosivos, los actos terroristas y la pérdida de bienes.

En general, el desplazamiento forzado masivo, en estos ocho meses de 2026, es común a todos los grupos que hacen presencia en los territorios afectados, no obstante, se puede apreciar que son las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ y el ELN quienes tienen un impacto mayor sobre la ocurrencia de hechos que ocasionan el desplazamiento forzado de comunidades.

Confinamientos

Entre enero y agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo documentó 63 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 80.369 habitantes. Chocó registró el mayor número de personas afectadas, con 15.641. Le siguieron Cauca, con 13.350 y Putumayo, con 12.646.

El Clan del Golfo o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, el ELN, las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra son los grupos con presencia en los territorios en donde se han presentado estos eventos de confinamiento y sus principales conductas, identificadas como posibles causas de estas situaciones, son las amenazas, los combates, el contacto armado, los hostigamientos y los ataques con drones.

Para la Defensoría del Pueblo detrás de estas cifras hay familias y comunidades cuyos derechos, seguridad y condiciones de vida se ven gravemente afectados. Esta realidad requiere respuestas ágiles y efectivas de las autoridades garantizar su protección y atención.