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Procuraduría abrió investigación por irregularidades de $4.4 billones en Fomag en gobierno Petro

La Procuraduría puso la lupa sobre el manejo de los recursos destinados a la salud de los docentes durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Justicia

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa, en averiguación de responsables, por presuntas irregularidades en la administración, gestión financiera y contratación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

La actuación involucra al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social y Fiduprevisora, entidad encargada de administrar el Fondo.

La investigación se originó en un informe presentado ante el Ministerio Público por la entonces ministra de Educación, Viviane Morales Hoyos, en el que se pusieron en conocimiento diferentes situaciones relacionadas con el funcionamiento del FOMAG.

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Uno de los aspectos que será revisado corresponde al incremento de los costos de prestación del servicio de salud para docentes y afiliados. Según la información que dio origen a la actuación, estos costos habrían pasado de $3,5 billones a $5,2 billones en 2026.

La Procuraduría también busca establecer si se presentaron irregularidades en la formulación, implementación y contratación del nuevo modelo de atención en salud, así como en el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con los hallazgos reportados, estas situaciones habrían coincidido con una reducción de la red de prestadores, mayores dificultades para acceder a los servicios y un deterioro de la situación financiera del Fondo.

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Pagos por $4,4 billones, bajo revisión

Otro de los asuntos que estará en el centro de la indagación son los pagos por $4,4 billones realizados desde el Ministerio de Hacienda al FOMAG para proveedores, que, según la información recibida por la Procuraduría, se habrían efectuado sin los respectivos soportes ni cadena presupuestal.

El Ministerio Público también revisará la liquidación de contratos y los pagos realizados a administradores del FONPET.

A esto se suman pagos efectuados a empresas de acueducto y energía que, según la Procuraduría, habían sido objetados previamente por la revisoría fiscal.

La actuación busca determinar las circunstancias en las que se produjeron estos movimientos y establecer, eventualmente, quiénes serían los responsables.

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Entidades tendrán cinco días para entregar información

Como parte de la indagación, la Procuraduría requirió información al Ministerio de Educación, Fiduprevisora y la Contraloría General de la República, entidades que tendrán un plazo de cinco días hábiles para entregar informes, documentos y soportes relacionados con los hechos.

En el caso de Fiduprevisora, deberá entregar una certificación en la que identifique al vicepresidente del Fondo de Prestaciones, al gerente jurídico del Fondo de Prestaciones, al gerente de Servicios de Salud y a los servidores, funcionarios y particulares que hayan estado encargados o hayan participado en el trámite relacionado con las posibles irregularidades en la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo de atención en salud y del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La información deberá incluir nombre, documento de identidad, cargo, tipo de vinculación y datos de contacto de las personas identificadas.

Por su parte, el Ministerio de Educación deberá remitir una copia completa del informe presentado por Viviane Morales, junto con sus anexos y soportes. También tendrá que entregar un informe detallado y soportado sobre el estado y los resultados de las auditorías solicitadas en relación con el FOMAG.

La Contraloría General de la República deberá enviar los informes y anexos correspondientes a las inspecciones realizadas al Ministerio de Hacienda y a Fiduprevisora sobre el manejo del Fondo. También deberá informar sobre las actuaciones adelantadas a partir de esas inspecciones y el estado actual de dichos procesos.

Finalmente, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública tendrá que presentar un informe detallado sobre las actuaciones adelantadas frente a la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo de salud del FOMAG, incluida la contratación de los operadores y los resultados obtenidos.

La indagación previa permitirá al Ministerio Público recopilar los elementos necesarios para determinar si las situaciones advertidas constituyen irregularidades y, de ser procedente, establecer los posibles responsables.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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