Dura advertencia de congresista Meisel al alcalde Char sobre litigio de Puerto Colombia
El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial cuestionó el anuncio del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, de asumir la administración y ejecutar inversiones en Villa Campestre, el corredor universitario y Ciudad Mallorquín.
Dura advertencia de congresista Meisel al alcalde Char sobre litigio de Puerto Colombia. Foto: Archivo.
Luego de que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunciara que el Distrito asumirá la administración y las inversiones en Villa Campestre, el corredor universitario y Ciudad Mallorquín, bajo el argumento de que estos territorios “siempre le pertenecieron” a la capital del Atlántico, el congresista Carlos Meisel reaccionó con una dura advertencia.
Meisel cuestiona los “atajos riesgosos”
El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial cuestionó el anuncio del mandatario distrital y pidió actuar con cautela frente al litigio territorial que existe entre Barranquilla y Puerto Colombia.
Meisel advirtió que avanzar con intervenciones en estas zonas sin agotar las instancias correspondientes podría generar nuevas controversias y demandas contra el Distrito.
“Alcalde, no hay necesidad de aumentar los problemas con estos atajos riesgosos. Insisto en la manía de hacer las cosas bien, al derecho y sin atropellar a ninguno”.
El congresista también cuestionó que sea el equipo de gobierno de Barranquilla el que determine las actuaciones sobre estos territorios y alertó sobre las posibles consecuencias jurídicas.
“Esto no lo puede definir su equipo cinematográfico porque queda susceptible a nuevas demandas”, señaló Meisel.
El litigio territorial continúa en el centro del debate
Mientras el alcalde Char sostiene que las decisiones judiciales y el concepto técnico del IGAC respaldan la posición de Barranquilla, desde el Congreso se pide cautela para evitar nuevas controversias jurídicas.
El llamado de Meisel pone nuevamente sobre la mesa el litigio territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia y la necesidad de establecer con claridad los alcances de las decisiones judiciales antes de ejecutar nuevas inversiones o asumir competencias administrativas sobre las zonas en disputa.