Venezolanos en Barranquilla piden garantizar derechos en nuevas medidas migratorias del Gobierno
La organización también pidió fortalecer las rutas de regularización para personas que quedaron por fuera de los mecanismos existentes.
EFE/ Francisco Guasco / Francisco Guasco (EFE)
La organización Venezolanos en Barranquilla se pronunció frente a los anuncios del Gobierno Nacional sobre nuevas acciones de control migratorio y la implementación en Barranquilla de una estrategia piloto. La organización reconoció “la facultad del Estado colombiano de hacer cumplir sus leyes, proteger sus fronteras y garantizar la seguridad”, pero pidió preservar los avances alcanzados en materia de protección, regularización e integración.
En el comunicado, la organización respaldó las acciones de las autoridades contra la criminalidad y señaló que “quien cometa un delito debe responder ante la justicia, independientemente de que sea colombiano, venezolano o de cualquier otra nacionalidad”. Sin embargo, hizo una precisión: “La irregularidad migratoria no es sinónimo de criminalidad”, por lo que pidió que las actuaciones se desarrollen con “las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa”.
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Venezolanos en Barranquilla destacó los avances de Colombia durante la última década y señaló que, mediante diferentes mecanismos de protección y el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, “millones de personas salieran de la irregularidad y pudieran estudiar, trabajar, emprender, acceder a servicios y aportar a las comunidades que las acogieron”. Según el comunicado, actualmente más de 2,8 millones de venezolanos residen en Colombia y más de 2,3 millones de Permisos por Protección Temporal han sido otorgados.
Volver a Venezuela “no constituye una alternativa segura”
La organización también pidió fortalecer las rutas de regularización para personas que quedaron por fuera de los mecanismos existentes, especialmente en situaciones relacionadas con “arraigo, unidad familiar, niñez, vulnerabilidad y especial protección”. En ese sentido, sostuvo que “una política migratoria efectiva no solamente identifica quién está irregular, sino que también determina quién puede y debe ser regularizado”.
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Frente a eventuales deportaciones, expulsiones o retornos, el comunicado plantea que deben analizarse las circunstancias particulares de cada persona. La organización advierte que para algunos venezolanos regresar a su país “no constituye una alternativa segura” y pide que las situaciones que puedan involucrar protección internacional sean evaluadas individualmente, con respeto al principio de no devolución y a las obligaciones internacionales asumidas por Colombia.
La organización también expresó preocupación por el impacto que los anuncios puedan generar entre la población migrante. “Una comunicación insuficiente también puede alimentar discursos de estigmatización y xenofobia”, señala el documento, por lo que solicitó al Gobierno explicar a quiénes estarán dirigidos los procedimientos, sus etapas, las garantías para las personas y qué ocurrirá con quienes tengan trámites o solicitudes pendientes.
Finalmente, la organización propuso una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional, la Cancillería, Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil. Su planteamiento central es que “Colombia no tiene que elegir entre seguridad y derechos humanos” y que “seguridad, legalidad, regularización e integración no son caminos opuestos”, sino que “son parte de una misma solución”.