Piden a la fiscal Luz A. Camargo priorizar caso por presuntos daños ambientales en Villa de Leyva

Justicia

La alcaldía de Villa de Leyva pidió a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, conformar un grupo de tareas especiales que permita priorizar la investigación penal relacionada con las obras ejecutadas en el predio San Cayetano, en la vereda Sabana, donde se desarrolla el proyecto denominado “Nuestra Señora del Buen Suceso – San Jacinto de Nelvic”.

La solicitud fue interpuesta por el abogado Juan Felipe Criollo Figueroa, apoderado del municipio, quien pidió además que dicho equipo cuente con el acompañamiento técnico-científico de la Fiscalía para determinar el alcance de las posibles afectaciones ambientales que investiga la Fiscalía 35 local de la región 4, sede Tunja.

De acuerdo con el memorial de 32 páginas conocido en primicia por Caracol Radio, la investigación se relaciona con una licencia de construcción que en 2022 autorizó una vivienda unifamiliar de un piso y 551,12 metros cuadrados. Sin embargo, posteriormente las autoridades encontraron obras que, según los documentos citados en el escrito, superaban ampliamente el área autorizada.

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Uno de los aspectos que destaca el abogado Criollo, es que, durante una visita realizada en 2024, se estableció un área en ejecución de aproximadamente 3.337,90 metros cuadrados, mientras que el propio constructor reportó 5.291,52 metros cuadrados en la solicitud de revalidación de la licencia.

La administración municipal señaló que la diferencia frente al área inicialmente autorizada quedó consignada en la decisión que negó la revalidación de la licencia. Allí se precisó que la autorización correspondía a una vivienda de 551,12 metros cuadrados y no a las construcciones destinadas a casa, capilla, pesebreras y picadero.

Criollo también advierte sobre posibles intervenciones en los recursos hídricos del predio.

Entre los hechos que se pide investigar están el entubamiento y enterramiento de cuerpos de agua, modificación de rondas de protección, conformación de un lago artificial, movimientos de tierra y posibles vertimientos de aguas residuales. El documento aclara que estas afectaciones requieren verificación pericial.

De hecho, según uno de los informes técnicos citados en el memorial, durante una inspección se encontraron “excavaciones que modificaban el curso de cuerpos hídricos y la canalización de estos mediante tubería de alcantarillado”.

Otro de los reportes señaló que en el predio se observó “un movimiento de tierra en el cual demarcaron un lago; se observó un cambio en las rondas de los cuerpos hídricos y se entubaron algunos cuerpos hídricos”.

El municipio también sostiene que no existe actualmente una licencia urbanística vigente que ampare las obras que excedan los 551,12 metros cuadrados inicialmente autorizados. La modificación de la licencia fue negada, posteriormente se negó su revalidación y la última solicitud presentada fue objeto de desistimiento tácito.

En materia administrativa, la Inspección Segunda de Convivencia y Paz de Villa de Leyva declaró responsable de una infracción urbanística a Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., le impuso una multa de 232 millones de pesos y ordenó la demolición de las obras ejecutadas sin licencia. Sin embargo, esa decisión no está en firme, debido al recurso de apelación presentado.

En paralelo, La Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ) inició un proceso sancionatorio ambiental a partir de una visita y un concepto técnico relacionados con el predio. El memorial señala además que actualmente existen cuatro actuaciones paralelas: el proceso policivo urbanístico, el proceso sancionatorio ambiental, un proceso de nulidad simple ante el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja y la indagación penal.

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El apoderado del municipio advierte que existe un riesgo de que se pierda evidencia física relevante para establecer qué ocurrió en el terreno. Según el documento, “cada mes que transcurre sin una inspección judicial técnicamente asistida reduce la posibilidad de establecer la verdad”, particularmente frente a los cuerpos hídricos que habrían sido entubados o enterrados.

Por esa razón, la petición concreta elevada a la Fiscalía es que se disponga la asignación especial de la noticia criminal, se conforme un grupo de tareas para asumir prioritariamente la investigación y se designe personal técnico y peritos para establecer el eventual daño ambiental.

Este es el memorial enviado a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.