Una ruta para recuperar el control territorial y acabar con las rentas ilícitas en Colombia

Las economías criminales dejaron de ser un fenómeno exclusivamente asociado a los grupos armados: hoy funcionan como estructuras capaces de controlar rentas, corredores, mercados y, en algunos territorios, ejercer funciones propias del Estado.

Esa fue una de las principales conclusiones del Foro Internacional Economías criminales y control territorial, organizado por Prisa Inspira, un espacio donde expertos analizaron la transformación del poder ilegal y los desafíos que enfrenta Colombia para recuperar el control institucional.

Daniel Mejía, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, abrió la conversación dimensionando el peso de estas actividades, al explicar que las rentas derivadas de la producción y el tráfico de cocaína representan alrededor de 16.500 millones de dólares anuales, equivalentes al 4,4 % del PIB colombiano.

“El narcotráfico es de un orden de mayor magnitud a lo que reciben los grupos criminales por los otros mercados juntos”, advirtió.

Para Santiago Tobón, director de Valor Público de la Universidad EAFIT, ese problema de cooptación encuentra sus raíces en la forma en que el Estado enfrenta agrupaciones que tienen capacidad de adaptación. “Las organizaciones criminales son empresas, entre otras cosas, con una vocación de permanecer en el tiempo”, afirmó. Asimismo, advirtió que las capturas individuales no necesariamente desarticulan las estructuras ni las rentas que las sostienen.

Paralelamente, Elizabeth Dickinson, directora adjunta del International Crisis Group, puso el foco en la gobernanza. “Lo que buscan los grupos armados es el control poblacional”, explicó. También afirmó que en algunas comunidades estos terminan actuando como proveedores de seguridad, jueces, prestamistas o reguladores de actividades comerciales.

La discusión también abordó el contrabando y su relación con otras economías ilícitas. Carlos Chacón, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga sostuvo que una respuesta efectiva requiere información, datos y una mayor capacidad del Estado para identificar los nodos que alimentan el poder criminal.

El diagnóstico planteado en ese primer espacio llevó directamente a la segunda discusión: qué debe hacer el Gobierno para enfrentar un fenómeno que cambia de forma, se adapta y aprovecha las brechas institucionales.

Una política de Estado para recuperar los territorios

En la discusión sobre Estado, institucionalidad y respuesta pública, el debate se concentró en las decisiones que debería asumir el nuevo Gobierno y en la necesidad de superar respuestas aisladas o limitadas a resultados operativos.

Daniel Rico, director de C-Análisis y VereData, planteó que el reto está en cerrar brechas que llevan décadas abiertas, especialmente en el seguimiento de las finanzas criminales. “La discusión es cómo seguimos hoy, después de permitir la expansión de 300.000 hectáreas de coca, teniendo un sistema tan débil para el control de esquemas financieros”, dijo.

Para Óscar Naranjo, exvicepresidente y exdirector de la Policía Nacional, la respuesta a esa, y en general a toda dinámica delictiva, debe partir de una política de Estado que articule seguridad interior y fronteriza con la política criminal.

“Yo diría que hay tres pilares sobre los cuales el nuevo gobierno debería trabajar”, explicó, “formulación de política pública, arquitectura institucional y despliegue operacional”. Además, indicó que los resultados no deberían medirse únicamente en capturas o incautaciones, sino desde una perspectiva estructural física y económica.

A su turno, Juan Carlos Buitrago, consultor y exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, recordó que las rentas ilícitas son el motor de otros fenómenos. “Las economías criminales son el combustible de la corrupción, la criminalidad y la violencia”, afirmó. Para atender ese contexto propuso establecer una estrategia nacional que permita recuperar el control institucional de los territorios.

En complemento de ese planteamiento, Naranjo se refirió a una arquitectura institucional más coordinada, con inteligencia operativa, criminal, migratoria y financiera; al tiempo que Buitrago llamó a integrar las políticas de seguridad y anticriminal en una misma hoja de ruta.

Entre las propuestas discutidas apareció, además, la creación de un mecanismo de coordinación de alto nivel para intervenir territorios estratégicos como el Catatumbo, Urabá y el Pacífico, combinando presencia de la Fuerza Pública con educación, infraestructura, inversión y oferta institucional.

De esta forma se fortalecería, también, la confianza de capitales extranjeros para invertir en nuevos proyectos en el país, un aspecto en el que se profundizó al cierre del foro.

Mejorar la seguridad podría mejorar la inversión

El cierre de la cita, a cargo de Ricardo Triana, presidente del Consejo de Empresas Americanas, trasladó la discusión al impacto sobre la economía formal.

“La ilegalidad dejó de ser un problema porque ocurre en los márgenes de la economía. Es un competidor”, afirmó. Por eso, insistió el ejecutivo, el contrabando, la extorsión y el control de corredores logísticos afectan el recaudo, la inversión directa, el empleo y la competitividad.

Triana concluyó que la seguridad económica y la seguridad física ya no pueden tratarse como asuntos separados y destacó la importancia del trabajo conjunto entre empresas, Estado, academia y organismos internacionales. “La cooperación público-privada e internacional es sencillamente indispensable para ganarle el terreno a este delito”.

Con ello en marcha, dijo, es posible que los indicadores de inversión directa, nacional o extranjera mejoren, impulsando así la calidad de vida de las poblaciones.

En suma, el mensaje común es que recuperar el control territorial exige atacar las rentas de los grupos delincuenciales, cerrar las brechas que permiten su expansión, fortalecer la inteligencia y la justicia; y garantizar una presencia estatal capaz de ofrecer seguridad, servicios y oportunidades. Una tarea que, según lo planteado durante la jornada, deberá trascender los ciclos políticos y convertirse en una política de Estado.

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