Este foro pone la seguridad de Colombia en el centro de la agenda internacional
El próximo 20 de agosto, Bogotá será escenario del Foro Internacional de Economías criminales y control territorial. El encuentro para analizar cómo las rentas ilegales transforman la seguridad, territorios y economía colombiana.
| Foto: Getty Images / Witthaya Prasongsin
En plena transición política, la seguridad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda colombiana. Hoy la conversación va más allá de la necesidad de enfrentar hechos violentos o perseguir grupos armados, teniendo en cuenta que, como advierten expertos, estos han diversificado sus fuentes de financiación y ampliado su capacidad para controlar territorios, mercados y dinámicas sociales.
Para entender esa dinámica llega el primer Foro Internacional de Economías criminales y control territorial, organizado por Prisa Inspira.
La conversación se realizará el 20 de agosto en el JW Marriott de Bogotá, en un momento clave para discutir las prioridades de seguridad que deberá asumir la nación y el valor de construir una política de Estado capaz de enfrentar un fenómeno que trasciende fronteras y ciclos políticos.
Economías ilegales al servicio del crimen
Vías en el interfluvio de los ríos Siare e Iteviare 2025. | Foto: FCDS
Hoy, actividades como la minería ilegal, el comercio de oro, la extorsión, el contrabando, el tráfico de migrantes y distintas formas de depredación ambiental hacen parte de un ecosistema criminal flexible, en el que diferentes negocios al margen de la ley coexisten y financian a los mismos actores.
El problema tiene una dimensión territorial, donde las estructuras ilegales no solo ejercen capacidad militar, sino que intervienen en comercios locales y se convierten en reguladores de facto de la vida cotidiana, afectando a las comunidades y generando riesgos para empresas y actividades productivas mediante extorsiones, competencia desleal, restricciones para operar e infiltración de mercados formales.
A esto se suma la cara internacional, donde las economías ilegales operan a través de redes que atraviesan fronteras y aprovechan diferencias regulatorias, debilidades en los controles aduaneros y la posibilidad de movilizar mercancías, capitales y personas entre países. Por esta razón, el encuentro cuenta con una perspectiva regional que incluye experiencias de autoridades de Panamá, República Dominicana y Ecuador.
De la seguridad al desarrollo económico
Valla instalada en el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete. | Foto: tomadas delFundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)
La discusión sobre los ingresos ilícitos también involucra el crecimiento, el empleo, la inversión y las finanzas públicas. El contrabando y la evasión generan pérdidas fiscales, mientras que las empresas que operan legalmente deben competir con actores que funcionan bajo otras reglas.
En territorios con alta presencia criminal, además, la inseguridad puede convertirse en una barrera para la actividad empresarial y la llegada de nuevas inversiones.
Por ello, uno de los interrogantes centrales de la cita se pregunta por el ataque a las finanzas ilícitas y la reducción de la rentabilidad de los negocios criminales. Una tarea que requiere acciones para identificar, rastrear y desarticular los flujos de dinero que sostienen a estas estructuras y que pueden generar un impacto más duradero que la captura individual de sus integrantes.
Asimismo, se pone sobre la mesa el papel de los gobiernos territoriales y del sector privado. Mientras las autoridades locales enfrentan directamente fenómenos como la extorsión, el contrabando y la minería ilegal, las empresas pueden contribuir a detectar riesgos, proteger sus cadenas de suministro y evitar la infiltración de recursos y mercados formales.
Ante este amplió y retador contexto, el Foro Internacional Economías criminales y control territorial propone un espacio de análisis para pasar del diagnóstico a la acción, que pasa por la anatomía de los mercados ilegales y el mapa del poder criminal; sus efectos sobre la economía formal, el recaudo y los territorios; y las respuestas institucionales y mecanismos de cooperación entre Estado y sector privado.
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