Sogamoso, entre las ciudades del operativo hecho por la Fiscalía por millonario desvío de regalías
Por este hecho fueron capturadas 13 personas por un supuesto entramado que habría direccionado cerca de 480 contratos en 19 departamentos, entre ellos, Boyacá.
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que se capturaron a 13 personas en diferentes regiones del país / Foto: Fiscalía General de la Nación.
Bogotá
La Fiscalía General de la Nación reveló un presunto esquema de corrupción que habría permitido el direccionamiento irregular de contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), por un valor superior a 3 billones de pesos. Como resultado de la investigación, 13 personas fueron capturadas en diferentes regiones del país.
Según el ente investigador, la organización habría utilizado el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social “Sierra Nevada” para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos relacionados con infraestructura, educación, agua potable y saneamiento básico, deporte, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros.
Las capturas fueron realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Pereira, Villavicencio y Sogamoso (Boyacá). Las autoridades confirmaron la captura en la ciudad del ‘Sol y del Acero’ de Alejandro Castro Bernal, señalado por su presunta participación en dicha red que habría direccionado los contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
De acuerdo con la información conocida, Castro Bernal estaría vinculado como representante suplente del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’, entidad que figura dentro de la investigación que adelantan las autoridades por las presuntas irregularidades en la contratación pública.
Las autoridades indicaron que el proceso continúa en etapa de investigación, por lo que será la justicia la encargada de definir la situación jurídica del capturado y determinar su eventual responsabilidad en los hechos.
Además de Castro Bernal, también fueron detenidos el alcalde de María La Baja (Bolívar), el exalcalde de La Paz (Cesar), un contratista, representantes legales, exdirectivos administrativos, financieros y ejecutivos del fondo, así como el revisor fiscal, el director técnico y supervisores de la entidad.
De acuerdo con la Fiscalía, los elementos materiales probatorios indican que funcionarios públicos y particulares habrían implementado un presunto manual de contratación para adjudicar contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos.
La investigación también señala que los contratos habrían sido direccionados mediante procedimientos presuntamente irregulares, respaldados con documentos, actas y registros falsos que, al parecer, indujeron en error a distintas autoridades para evadir los controles sobre la contratación pública.
Durante la operación fueron practicadas 15 diligencias de allanamiento y registro, en las que las autoridades incautaron equipos y documentos considerados de interés para el proceso investigativo.
En las próximas horas, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentará a los capturados ante un juez de control de garantías para legalizar las capturas, formular imputación y solicitar medidas de aseguramiento.
De acuerdo con la participación atribuida a cada uno de los investigados, la Fiscalía anunció que imputará delitos como concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.
La Fiscalía indicó que este caso hace parte de las investigaciones priorizadas por el Grupo de Tareas Especiales para combatir hechos de corrupción que comprometan recursos del Sistema General de Regalías, con el objetivo de identificar y judicializar a los responsables de afectar el patrimonio público.