Medellín

El 75% de los abusos sexuales a niños ocurre en su propia vivienda, advierten autoridades judiciales

Entorno familiar, entornos digitales e impunidad: los tres factores que agravan la violencia sexual contra menores de edad en el país.

Conversatorio Cortes Suprema de Justicia sobre explotación sexual de menores. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Medellín, Antioquia

La Corte Suprema de Justicia, desde Medellín, realiza el conversatorio “Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes”. Este espacio busca fortalecer la articulación entre las instituciones, la academia y la sociedad para enfrentar una de las problemáticas más graves que afectan a la niñez y la adolescencia en Colombia.

Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señala la importancia de trabajar articuladamente entre las diferentes entidades del orden nacional para la prevención y, asimismo, avanzar de forma más efectiva en el tema de las penas.

Por su parte, Paola Andrea Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional, señaló que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es una emergencia de derechos humanos persistente.

Mencionó tres aspectos que se vienen presentando y que agravan esta problemática. El primero de ellos es el entorno familiar, el cual debería ser el lugar más seguro para los menores y, sin embargo, hoy por hoy concentra la mayoría de los casos. Sumado a esto, los entornos digitales: “Adopta formas que nuestro ordenamiento apenas empieza a nombrar. Extorsión sexual, abuso basado en imágenes. La inteligencia artificial generativa permite hoy fabricar contenido sexual explícito a partir de la fotografía inocente de un niño y clonar su voz para coaccionarlo". Y, por último, la impunidad, que, según sus palabras, en la justicia colombiana es alarmante.

Por ello señala que el sistema de justicia debe actuar con celeridad, rigor y enfoque diferencial para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección reforzada de la niñez. “Cada caso no atendido es un fracaso colectivo; debemos materializar la Constitución protegiendo a quienes más lo necesitan, hoy”, dijo Paola Andrea Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional.

Cifras en Colombia

En 2024 se practicaron más de 20.000 exámenes médico-legales por presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes. Según las autoridades, esta cifra se ha mantenido constante durante los últimos 10 años. El 87 % de los casos afecta a niñas y adolescentes, especialmente entre los 10 y 14 años. En los niños, la mayor afectación se concentra entre los 5 y los 9 años. Eso se traduce en cerca de 55 casos al día, y el 75 % de esos hechos ocurren en la vivienda de la víctima.

Problemática situación en Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, expuso que el país “debería replantear seriamente cómo es la justicia o cómo se administra justicia para personas que abusan de nuestros niños y nuestras niñas. En mi concepto son penas muy bajas si es que en alguno de los casos llegan a ir a la cárcel. En cambio, en Estados Unidos hemos logrado ya dos cadenas perpetuas”.

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En lo que tiene que ver con Antioquia, Óscar Bustamante Hernández, magistrado del Tribunal Superior de Medellín de la Sala Penal, manifestó que, en la capital antioqueña y en general en el departamento, más del 50 % de los procesos penales son por delitos sexuales, especialmente en entornos familiares y comunidades vulnerables. Según expuso, la legislación es estricta, pero no ha reducido los casos.

“Es más o menos el problema, sobre todo en comunidades de estrato 0, 1 y 2, es como donde más se presenta el problema, y, obviamente, ese es el caldo de cultivo para la realización de esas conductas, incluso con poca cultura de las consecuencias que tiene la comisión de esos delitos”.

Por lo que, en su concepto, es necesario trabajar en prevención y en las causas socioculturales del problema, promoviendo una cultura de respeto y protección a los menores.

La consigna final es que la protección de la niñez exige la corresponsabilidad de las instituciones, las familias, la academia y la sociedad, así como el fortalecimiento permanente de la justicia y de las políticas públicas orientadas a garantizar una vida libre de violencia para todos los niños, niñas y adolescentes del país.