Radican recusación ante la Procuraduría contra el rector de la Universidad del Atlántico
La acción se da en medio de polémica por denuncias de centenar de nombramientos
Foto: Universidad del Atlántico, sede norte.
Ante la Procuraduría General de la Nación fue radicada una recusación contra el rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, en medio de cuestionamientos por presuntos nombramientos y contrataciones que se estarían adelantando durante el proceso de intervención de la institución.
La recusación fue presentada por el estudiante y exrepresentante ante el Consejo Superior, Guillermo González, quien solicitó que el rector se abstenga de realizar nombramientos, contrataciones y modificaciones administrativas mientras se analiza un presunto conflicto de intereses y una posible pérdida de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
En el documento, el recusante advierte sobre decisiones administrativas y de contratación que, a su juicio, evidenciarían inclinaciones políticas e ideológicas que podrían comprometer la transparencia en el manejo de los recursos y en el desarrollo de los procesos misionales de la universidad.
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La acción ante la Procuraduría se conoce en medio de las alertas planteadas en la Asamblea del Atlántico por más de 100 posibles nombramientos que estarían en curso durante la intervención ordenada por el Gobierno Nacional desde diciembre del año pasado.
El diputado Carlos Rojano expresó su preocupación por las presuntas vinculaciones de personal que podrían concretarse en esta etapa de transición y pidió al gobernador del Atlántico, en su calidad de presidente del Consejo Superior de la Universidad, presentar un informe detallado sobre el estado de la intervención y las decisiones administrativas adoptadas.
Tras el debate, la Asamblea aprobó enviar una comunicación al rector interventor, al gobernador y al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, solicitando que se estudie la posibilidad de abstenerse de realizar nuevos nombramientos o contrataciones mientras avanza el proceso de intervención institucional.
La recusación también fue remitida al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, instancia que deberá analizar el alcance de la petición, mientras la Procuraduría General de la Nación estudia el caso y define si existen méritos para adoptar alguna decisión frente a las actuaciones administrativas de la institución