Los compromisos de reparación de los gestores de paz exparamilitares que quedaron solo en el papel
Cifras consultadas por Caracol Radio con la Fiscalía evidencian además que la ejecución de las sentencias proferidas en el marco de Justicia y Paz apenas ronda el 10 %.
La llegada del exparamilitar Salvatore Mancuso a Colombia, tras cumplir una larga condena en Estados Unidos, y su fuerte apretón de manos con el presidente Gustavo Petro en Montería representaron para cientos de víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) la esperanza de encontrar verdad y reparación frente al violento fenómeno del paramilitarismo.
El Gobierno nacional tomó la decisión de nombrar, en septiembre de 2025, a 16 exparamilitares como gestores de paz en el marco de la Política de Paz Total para darle celeridad al accidentado proceso de Santa Fe de Ralito y superar las dificultades para la implementación de las sentencias del sistema de Justicia y Paz, mediante el cual se desmovilizó un gran número de combatientes de ese grupo armado.
Sin embargo, esa ilusión de darle un cierre real al proceso de Ralito terminó convirtiéndose en una acción revictimizante, con un porcentaje de ejecución prácticamente nulo.
Caracol Radio obtuvo, después de ocho meses y mediante un recurso de insistencia ante la posibilidad de que el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, incurriera en desacato, los 16 planes de trabajo y las actas de compromiso que suscribieron los exparamilitares designados como gestores de paz. Entre ellos aparecen nombres como Salvatore Mancuso, alias Macaco, Jorge 40, Cuco Vanoy y Don Berna, entre otros excabecillas de la extinta estructura armada.
Los cuatro ejes de las gestorías de paz que no se ejecutaron
Los documentos a los que tuvo acceso Caracol Radio detallan la hoja de ruta y el propósito de la figura de los gestores de paz. Vale la pena resaltar que esta designación no modifica la situación jurídica de quienes fueron nombrados ni las medidas de aseguramiento vigentes. Algunos incluso debían cumplir estas funciones desde cárceles de Estados Unidos. Asimismo, esta tarea no contemplaba beneficios judiciales.
El plan de trabajo que se organizó inicialmente tenía como objetivo abordar cuatro ejes temáticos y conectar actuaciones propias de la Ley de Justicia y Paz: la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la contribución a la verdad, la reparación a las víctimas y la entrega o recuperación de bienes.
Quizá una de las acciones más relevantes del plan tenía que ver con la realización de diálogos confidenciales con diferentes actores del conflicto, con el acompañamiento de una entidad extrajudicial como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), con el propósito de localizar a las víctimas.
No obstante, la respuesta recibida por este medio demuestra que, a pocos meses de cumplirse un año de la resolución que los designó gestores de paz, el comité encargado de impulsar estas acciones y liderado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, solo se reunió una vez en Valledupar para un acto de instalación. Desde entonces, el proceso permanece completamente paralizado.
De hecho, el jefe de esa cartera, frente a los cuestionamientos que venían creciendo, en febrero de este año dijo durante una rueda de prensa: “¿Usted me quiere decir que no hemos tenido éxito? No, no hemos tenido éxito en buscar eso, en implementar eso“.
Los compromisos individuales
Los planes de trabajo también incluían compromisos específicos que debían ser liderados por cada uno de los exparamilitares designados como gestores de paz. Las propuestas iban desde actos públicos de reconocimiento y perdón hasta iniciativas de memoria histórica, búsqueda de desaparecidos y espacios de reparación simbólica para las víctimas en distintas regiones del país.
Sin embargo, la revisión de los documentos evidencia que ninguna de estas iniciativas logró materializarse. Varias de ellas estaban llamadas a convertirse en hitos de reconciliación y cierre para comunidades golpeadas por décadas de violencia, pero hoy permanecen únicamente en el papel.
Martín Llanos y su plan de trabajo “Sembrando Paz en los Llanos Orientales”
“Se propone la creación de un museo interactivo en un lugar emblemático de Casanare, que exhiba fotografías, testimonios, objetos y otros materiales relacionados con el conflicto armado en la región, y que ofrezca actividades educativas y culturales para promover la reflexión sobre la memoria y la paz”.
Diego Vecino
“Se propone la realización del primer gran encuentro comunitario y acto público de perdón en El Salado, Carmen de Bolívar, territorio profundamente marcado por el conflicto armado y, en especial, por hechos delictivos que afectaron de manera desproporcionada a sus comunidades campesinas”.
Salvatore Mancuso
Dentro de su propuesta de trabajo, Mancuso planteó acciones orientadas a la búsqueda prioritaria de personas desaparecidas, así como iniciativas de memoria y homenaje a las víctimas del conflicto armado.
Según el documento, estas actividades buscaban contribuir al cierre de una de las heridas más profundas que dejó la guerra para miles de familias. El esclarecimiento de cada caso de desaparición representaría no solo el cumplimiento de una obligación legal y humanitaria, sino también la posibilidad de que los familiares recuperaran la memoria de sus seres queridos y contaran con espacios para honrar su legado.
Entre los actos previstos figuraban el reconocimiento de responsabilidad y la solicitud de perdón por los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Montes de María; la participación en una ruta restaurativa con universidades públicas del Caribe colombiano; actos de reconocimiento en los hornos de Juan Frío, en el Catatumbo; un evento similar en la Universidad Francisco de Paula Santander para las instituciones de educación superior de Norte de Santander; y un acto dirigido a víctimas que residen en el exterior.
A pocos meses de cumplirse un año de la resolución expedida por el Gobierno nacional, el balance se resume en un único evento de instalación realizado en octubre de 2025 en Valledupar, que dejó más dudas que certezas, y en un proceso completamente paralizado. Esta situación llevó recientemente a Salvatore Mancuso a cuestionar la falta de voluntad del Ejecutivo para darle un cierre adecuado al proceso de Justicia y Paz.
Cifras consultadas por Caracol Radio con la Fiscalía evidencian además que la ejecución de las sentencias proferidas en el marco de Justicia y Paz apenas ronda el 10 %, uno de los principales obstáculos para garantizar verdad, justicia y reparación integral a las víctimas.
Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...
