Mesa de paz urbana anuncia que dejarán de vender drogas en el Parque Bicentenario de Medellín

Medellín, Antioquia

La mesa de conversación sociojurídica entre el Gobierno Nacional y estructuras criminales del Valle de Aburrá anunció este miércoles un compromiso para eliminar la venta de estupefacientes en el Parque Bicentenario de Medellín, uno de los sectores más afectados históricamente por el microtráfico y el consumo de drogas en el centro de la ciudad.

El anuncio se produjo durante la reanudación oficial de las conversaciones suspendidas desde el pasado 9 de abril, luego del escándalo por la fiesta vallenata realizada en la cárcel La Paz de Itagüí, evento que provocó fuertes cuestionamientos políticos y judiciales contra el proceso de paz urbana impulsado por el Gobierno Petro.

La polémica surgió después de que se conocieran videos de una celebración al interior del centro penitenciario, en la que participaron integrantes de estructuras criminales vinculadas a la mesa, en medio de música en vivo, bebidas alcohólicas y otros privilegios que desataron críticas contra el Inpec y el manejo de los diálogos.

Tras esos hechos, el Gobierno Nacional suspendió temporalmente las conversaciones y abrió revisiones internas sobre responsabilidades. Este miércoles, la senadora Isabel Zuleta, una de las impulsoras del proceso, confirmó que únicamente un integrante de las estructuras fue trasladado a otra cárcel, aclarando que la decisión se tomó porque era la única persona involucrada que hacía parte formalmente del espacio de conversación.

“Se hizo un análisis juicioso de la situación. Establecimos que hubo varios responsables en los hechos de ese momento, pero la única persona que hacía parte de este proceso era una sola. Nosotros solo podemos tomar decisiones sobre quienes hacen parte del espacio”, afirmó la congresista.

Parque Bicentenario será el primer “territorio libre de drogas”

Durante la rueda de prensa, la mesa anunció una serie de “hechos de paz” enfocados en reducción de violencias urbanas, siendo el principal la intervención del Parque Bicentenario, ubicado junto al Museo Casa de la Memoria.

Según explicó Zuleta, el compromiso incluye que las estructuras ilegales dejarán de comercializar drogas en este sector a partir del próximo 11 de junio.

“El aporte de este espacio de conversación sociojurídico es el compromiso de las estructuras de que no va a haber venta de estupefacientes”, aseguró.

La senadora indicó que la decisión surgió tras solicitudes realizadas por víctimas y organizaciones relacionadas con el Museo Casa de la Memoria, sector donde durante años han persistido problemas de consumo, expendio de drogas y violencia urbana.

El plan incluirá acompañamiento institucional con presencia de Policía, programas del ICBF y estrategias de atención a consumidores problemáticos a través de los equipos CAMAD del Ministerio de Salud.

También anunciaron campaña contra el tusi

Otro de los anuncios realizados por la mesa fue el inicio de jornadas comunitarias contra la venta y consumo de tusi en Medellín.

Zuleta afirmó que la ciudad ha registrado recientemente un aumento en atenciones médicas relacionadas con esta droga sintética y mencionó casos de enfermedades vasculares e incluso amputaciones asociadas al consumo.

La estrategia, denominada “No al tusi, sí a la vida”, comenzó en la comuna 8 y busca extenderse a otros barrios del Valle de Aburrá.

La mesa también anunció actividades en sectores como Toscana, Playitas y La Paralela, además de intervenciones relacionadas con convivencia y paz urbana en la Universidad de Antioquia.

“La paz urbana debe continuar”

Durante la reanudación de las conversaciones, Zuleta insistió en que el proceso debe mantenerse incluso después del cambio de gobierno en 2026 y defendió el modelo de acuerdos parciales y territoriales.

“Nosotros creemos que la paz se construye paso a paso. Por eso hablamos siempre de hechos de paz territorialmente establecidos”, señaló.

La congresista también aseguró que las estructuras vinculadas al proceso mantienen el compromiso firmado desde procesos electorales anteriores de no intervenir en elecciones ni participar en constreñimientos a votantes.

Según indicó, hasta ahora la delegación del Gobierno no ha recibido denuncias formales relacionadas con posibles presiones de grupos ilegales en el contexto electoral.