En qué va la demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara Jaime Salamanca

Tunja

El Representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca celebró que tanto la Procuraduría como el Consejo Nacional Electoral negaron la solicitud de suspender su elección, en medio de una demanda de pérdida de investidura presentada por dos ciudadanos, uno de ellos el diputado a la Asamblea de Boyacá, Carlos Torres.

“Hemos sido notificados de una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado por parte de un diputado de oposición en el departamento de Boyacá que hemos atendido y que hemos dado respuesta en los términos de ley, entendiendo que desde nuestra mirada jurídica no existe ningún impedimento para atender el mandato de los boyacenses que me permitieron ser reelecto como representante de la Cámara por el departamento de Boyacá”.

Salamanca dijo que los argumentos de la demanda están fundamentados en el cargo que ejerce su esposa en una dependencia de la gobernación de Boyacá.

“Fundamentalmente tiene que ver con el nombramiento de mi esposa como Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión de la gobernación de Boyacá. Desde la mirada de los demandantes, existe una inhabilidad porque según ellos, existe autoridad administrativa, civil y política en el cargo que ella tiene, cosa que pues no es cierta. Hay conceptos de distintas entidades que ratifican que eso no es verdad. Además, si eso hubiese sido así, yo ni siquiera me hubiese presentado para ser candidato nuevamente a la Cámara”.

Aseguró Salamanca que con la solicitud de los demandantes se estaría violando los derechos de más de 30.000 ciudadanos que lo respaldaron en las elecciones del pasado 8 de marzo.

“El Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría se han pronunciado respecto a la medida cautelar que se solicitó, porque además de la demanda de fondo, hay una solicitud de no dejarme posesionar como congresista, cosa que estas dos autoridades consideran que no es pertinente, toda vez que se vulnerarían los derechos de los boyacenses que me eligieron como congresista y que hasta no resolver de fondo sobre las razones que ellos esgrimen, estarían afectando los derechos políticos de más de 32.000 boyacenses”.

La decisión final de si se acepta le medida cautelar solicitada por los demandantes, queda en manos de la magistrada, quien deberá pronunciarse en un plazo de 10 días hábiles, es decir en la segunda semana de junio.