SIC multó por $ 2.600 millones a tres empresas de publicidad por posibles acuerdos en contratos
La investigación encontró posibles acuerdos entre compañías que debían competir entre sí en licitaciones estatales.
Superintendencia de Industria y Comercio . Foto: SIC
La Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas por más de 2.600 millones de pesos a tres empresas del sector de publicidad y marketing por, presuntamente, coordinar su participación en procesos de contratación pública entre 2019 y 2023.
Según la entidad, la decisión se tomó porque las empresas Constructora de Marcas S.A.S., Sintonizar Medios S.A.S. y Haute Protocole S.A.S. habrían actuado de manera coordinada en cuatro procesos de contratación pública adelantados por entidades nacionales y territoriales.
Los contratos involucrados tenían presupuestos entre 3.500 y 6.000 millones de pesos y estaban relacionados con servicios de publicidad, comunicaciones institucionales, mercadeo y organización de eventos para entidades públicas.
¿Qué encontraron las autoridades?
La investigación identificó varias situaciones que, para la SIC, evidencian que las empresas no estaban compitiendo realmente entre sí, sino que habrían trabajado de manera conjunta para influir en los resultados de las licitaciones.
De acuerdo con la entidad, en un proceso adelantado por la Superintendencia Nacional de Salud, una empresa le facilitó a otra las hojas de vida de seis trabajadores, incluido un representante legal suplente, para ayudarle a cumplir los requisitos técnicos exigidos por la convocatoria.
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En otras palabras, una empresa habría apoyado a otra para que pudiera presentarse a la licitación, pese a que oficialmente debían competir entre sí por el contrato.
La SIC también encontró evidencias de subcontratación entre las compañías investigadas después de que uno de los contratos fuera adjudicado. Esto significa que la empresa ganadora terminó contratando a otra de las firmas involucradas para ejecutar parte del trabajo.
Según el comunicado, se detectaron pagos denominados “Comisiones Supersalud 2019” que equivalían aproximadamente al 6 % del valor de uno de los contratos investigados.
Otro elemento que llamó la atención de la autoridad fue que las tres empresas utilizaron los mismos asesores jurídicos externos para elaborar las propuestas con las que participarían en las licitaciones.
La investigación señala que una misma abogada preparaba simultáneamente documentos para las tres compañías, aun cuando estas aparecían como competidoras dentro del proceso.
Para la SIC, esto es una señal importante porque en una licitación pública cada empresa debería construir su propuesta de forma independiente, precisamente para garantizar una competencia real y transparente.
¿Cuáles fueron las sanciones?
De acuerdo con la SIC, las tres empresas incurrieron en una infracción del numeral 9 del artículo 47 de Decreto 2153 de 1992, y por medio de la Resolución No. 36450 de 15 de mayo de 2026, se declaró responsable a las empresas y a las personas naturales que autorizaron, facilitaron e hicieron parte del proceso.
Cabe aclarar que la colusión ocurre cuando varias empresas, que deberían competir entre sí, hacen acuerdos secretos para manipular un proceso de contratación o influir en quién gana un contrato.
Este tipo de prácticas puede afectar directamente los recursos públicos porque limita la competencia y reduce las posibilidades de que el Estado obtenga mejores precios, mejores servicios o más opciones entre oferentes.
La SIC explicó que una de las estrategias detectadas en este caso fue el llamado “cover bidding” o “ofertas de cobertura”. Se trata de una práctica en la que algunas empresas presentan propuestas aparentemente válidas, pero diseñadas para perder, con el objetivo de favorecer a un competidor previamente acordado.
Aunque para el proceso parece existir competencia, en realidad el resultado estaría definido desde antes.
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La SIC señaló que durante la administración de la superintendente, Cielo Rusinque, se han adelantado 16 investigaciones relacionadas con posibles prácticas anticompetitivas en contratación pública, con sanciones que superan los 68 mil millones de pesos.
La entidad aseguró que continuará fortaleciendo las investigaciones sobre posibles acuerdos ilegales entre empresas, especialmente en procesos donde se manejan recursos públicos de alto valor económico.