Nueve años de una sentencia incumplida en La Guajira: aumenta la mortalidad de recién nacidos
En lo corrido de 2026, 71 niños han muerto en el departamento antes de cumplir 28 días de nacidos
Denuncia ausencia de transporte para niños en La Guajira. Foto: Claudio Epieyu(Thot)
La preocupación por la crisis humanitaria en La Guajira vuelve a encender las alarmas. En lo corrido de 2026, 71 niños han muerto en el departamento antes de cumplir 28 días de nacidos, según reveló un boletín de la Secretaría de Salud departamental, justo cuando se cumplen nueve años de la sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que ordenó medidas urgentes para proteger los derechos de los niños wayuu.
El informe detalla que las muertes corresponden a menores fallecidos desde la semana 22 de gestación hasta los primeros 28 días de vida. Las cifras reflejan un promedio de cinco muertes semanales, de las cuales el 74 % corresponde a niños indígenas.
Las autoridades sanitarias advirtieron que esta situación evidencia las dificultades persistentes en la atención prenatal, así como las barreras socioeconómicas y de acceso a servicios médicos que enfrentan las comunidades, especialmente en las zonas rurales y dispersas del departamento.
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Los municipios con mayor número de casos son Maicao, con 20 muertes; Riohacha, con 16; Manaure, con 15; y Uribia, con 14 menores fallecidos.
A esto se suma la alerta emitida por el Instituto Nacional de Salud, cuyo más reciente boletín epidemiológico señala que la tasa de mortalidad neonatal en La Guajira pasó de 15 a 16,1 muertes por cada mil nacidos vivos.
El boletín revela además una fuerte concentración de los casos en poblaciones vulnerables: el 57,7% de las madres residía en zona rural dispersa, el 33,8% en cabeceras municipales y el 8,5% en centros poblados. Asimismo, el 81,7% estaba afiliado al régimen subsidiado y el 74,6% de los casos corresponde a población indígena.
Un problema advertido hace nueve años
El documento también recuerda que la sentencia T-302 de 2017 ya había advertido sobre el bajo acceso a servicios de salud en las comunidades indígenas asentadas en zonas dispersas, precisamente en los municipios donde hoy se concentra el mayor número de fallecimientos.
La decisión de la Corte Constitucional ordenó al Estado implementar acciones integrales para garantizar derechos fundamentales como la salud, el agua potable y la alimentación de la niñez wayuu. Sin embargo, nueve años después, las cifras siguen reflejando una crisis que persiste en el territorio guajiro.