Pueblo Nukak: el genocidio que Colombia lleva 37 años sin querer ver

Por: Sara Alejandra Medellin

Héctor Mondragón, actual consultor del Ministerio de Agricultura, lleva más de treinta años estudiando lo que le ha pasado al pueblo Nukak. El economista e investigador, ha recorrido el Guaviare desde los noventa. Y cuando le preguntan cómo llama a lo que ha visto, no busca eufemismos: “la situación que viven los Nukak es, para mí, un genocidio. Fue algo hecho con pleno conocimiento de los gobiernos y de la sociedad del Guaviare”.

Cuando los Nukak tuvieron su primer contacto oficial con el Estado colombiano en 1988, eran aproximadamente mil personas. Entre ese año y 1995, según los investigadores Dany Mahecha y Carlos Eduardo Franky de la Universidad Nacional (UNAL) sede Amazonia, su población cayó a 357. Una reducción del 64% en menos de una década.

Hoy, de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a pesar de los esfuerzos propios, hay apenas 1.024 Nukak registrados, pero de ellos, solo 346 permanecen dentro del Resguardo Nukak Makú. Los otros 678 viven en 13 asentamientos dispersos fuera de su territorio, en localidades como Agua Bonita, Villa Alejandra, Capricho y Puerto Nuevo, agrupados en torno a la Trocha Ganadera y al eje fluvial del Caño Mosco.

“Nacieron ahí ¿Qué van a saber de vivir en la selva?”, dice Mondragón sobre los jóvenes Nukak que crecieron en los asentamientos periurbanos de San José del Guaviare.

Un territorio con triple protección jurídica y sin ningún escudo real

El resguardo Nukak Makú, creado en 1993 y ampliado en 1997, cuenta en el papel con tres capas de protección: resguardo indígena, reserva forestal y territorio ancestral; que representan avances significativos en el reconocimiento y la salvaguarda de los derechos del pueblo Nukak. Aun así, en la práctica, estas figuras han resultado insuficientes, pues, ninguna ha logrado traducirse en una protección efectiva del territorio ni en garantías reales para su supervivencia.

Un informe reciente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible documenta el deterioro con cifras que no dejan espacio para la interpretación: en los últimos 35 años se han perdido 36.510 hectáreas de bosque dentro del resguardo por deforestación.

Es tanto así que, solo entre abril de 2024 y marzo de 2025 desaparecieron 618 hectáreas más. Además, al interior de ese territorio hay 504 kilómetros de vías ilegales, incluyendo una trocha bajo el dosel que conecta Charras con Tomachipán, infraestructura que beneficia al aparato criminal que opera y destroza la zona.

“Allí hay 1.031 hectáreas de coca bajo control de estructuras armadas ilegales, y en las veredas Caño Makú y Caño Mosco, superpuestas con el resguardo, se contabilizaron en 2023 más de 12.000 cabezas de ganado, un indicador claro de la transformación acelerada del bosque en frontera agropecuaria.

En ese contexto, estas estructuras controlan economías ilícitas y también promueven la apertura y ampliación de vías, algunas de hasta 14 metros de ancho, con callejones para el paso de ganado, y establecen mecanismos de presión, como multas, para forzar la tala de bosque. Lo que ocurre en el territorio Nukak responde a una lógica de ocupación planificada, en la que la deforestación funciona como herramienta para consolidar el control y valorizar la tierra. En esa dinámica, la presencia efectiva de estos actores termina siendo más determinante que la propia institucionalidad.

Mondragón pone en contexto a los actores de esa ocupación: “Lo que está detrás son ganaderos con gran capital. Eso es una empresa de colonización de la cual los colonos campesinos son solo la punta del iceberg”.

Solo en 2023, la venta de ganado en tres municipios del arco deforestado: La Macarena, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán; se estimó en 428 millones de dólares, una cifra que supera el PIB conjunto de esos tres municipios y que, según la FCDS, no puede explicarse por productividad legal.

El mismo día, dos decretos contradictorios

La abogada Gabriela Muskus, del Centro de Alternativas al Desarrollo, traza con precisión el momento en que el Estado tomó una decisión que definiría décadas de conflicto: “El resguardo fue ampliado el 18 de diciembre de 1997. El mismo día, el INCORA constituyó la Zona de Reserva Campesina del Guaviare, que quedó traslapada con el territorio Nukak”.

Hoy hay 28 veredas campesinas al interior del resguardo, que ocupan 45.922 hectáreas. Muchas de las familias que viven allí aseguran haberse enterado de la superposición sólo en años recientes, lo que ha alimentado tensiones con el pueblo Nukak. Aunque hubo presencia y actuaciones institucionales en el territorio para este proceso de ampliación, persisten cuestionamientos, particularmente desde sectores de ocupantes no indígenas, sobre la forma en que se definieron y gestionaron estos traslapes. Lo que existe hoy es un escenario de conflicto territorial en el que convergen decisiones estatales, dinámicas de ocupación y disputas políticas aún no resueltas.

Incluso, el Estado ha permitido la existencia de juntas de acción comunal, escuelas y redes eléctricas dentro de la zona protegida, instituciones que consolidan la ocupación que al mismo tiempo dice querer frenar.

Aun así, esta no es la única contradicción. En 1991, una tutela ordenó suspender cualquier exploración o explotación petrolera en el territorio Nukak. No obstante, en 2006, el gobierno de Álvaro Uribe intentó abrir nuevamente bloques petroleros en la región.

“La ley reconoce de forma separada a resguardos indígenas, zonas de reserva campesina y otras figuras, como si no existieran en el mismo espacio, cuando en la realidad sí lo hacen”, dice Muskus.

Al respecto, la Corte Constitucional lleva más de veinte años emitiendo sentencias que señalan el fracaso de las instituciones oficiales en atender el desplazamiento forzado de los estas poblaciones. Las sentencias se acumulan y la situación estructural no cede, se incrementa, extermina.

El mercurio que no se ve

La destrucción del territorio Nukak tiene una dimensión menos visible que la deforestación: el riesgo de contaminación de los ríos y de quienes dependen de ellos para vivir. Aunque la minería ilegal de oro no figura como la principal actividad dentro del resguardo, su expansión en la Amazonía representa una amenaza creciente para los pueblos indígenas de la región, a través de la contaminación por mercurio que se desplaza por las cuencas hídricas.

Estudios realizados por la Universidad Nacional en el Guainía han documentado niveles alarmantes de exposición: el 93% de las personas evaluadas presentaban concentraciones de mercurio en cabello por encima de los umbrales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y un estudio previo encontró que el 95% de población ribereña supera ampliamente los niveles seguros en sangre, con síntomas de daño neurológico en uno de cada cuatro casos.

Puntualmente, en la cuenca del río Apaporis, y en otras zonas aledañas en la Amazonía, los investigadores han advertido riesgos particulares para mujeres gestantes y niños. El metilmercurio, la forma más tóxica del metal, se acumula en los peces que constituyen la base alimentaria de estas comunidades que convierte la exposición en un riesgo difícil de evitar.

Esta situación ha sido reconocida por la Corte Constitucional que, en la sentencia T-106 de 2025, señaló que la contaminación por este metal pesado, derivada de la minería, constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas amazónicos, al afectar su salud, su seguridad alimentaria y su integridad cultural, y al convertir esta exposición en una amenaza permanente

Los bonos de carbono y el último despojo

Hay un componente del conflicto que empieza a visibilizarse y que Tomás Vergara, antropólogo e investigador del CEALDES, describe como una posible nueva forma de despojo: el negocio de los bonos de carbono.

El resguardo Nukak Makú no cuenta actualmente con un proyecto REDD+ activo, a diferencia de otros territorios amazónicos. Dado a que las condiciones del territorio, marcadas por el desplazamiento, la pérdida de control y la presencia de economías ilegales dificultan la implementación de estos esquemas y abren riesgos de cooptación o instrumentalización por actores irregulares.

En tal sentido, la FCDS, considera que estos mecanismos sólo son viables con garantías efectivas de gobernanza, permanencia y control territorial. En esa misma línea, la Corte Constitucional, en la sentencia T-248 de 2024, señaló que cualquier iniciativa de este tipo debe respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, incluida su autonomía y su integridad cultural.

Por eso, el caso Nukak evidencia que, sin condiciones mínimas de seguridad y derechos, los mercados de carbono no se consolidan como herramienta de conservación ni de beneficio para las comunidades.

Los que llegaron huyendo de otra violencia

El conflicto territorial entre los Nukak y las comunidades campesinas que también habitan este territorio, no es como a veces se presenta: una disputa entre dos actores equivalentes que compiten por el mismo recurso. Al respecto, Mahecha ofrece una perspectiva que complejiza el cuadro.

Los Nukak, explica, nunca estuvieron completamente aislados del mundo exterior. Se escondieron. Su movilidad no era primitivismo sino estrategia de supervivencia, una respuesta racional a siglos de violencia colonial.

Para ella, los bosques del resguardo son el resultado de siglos de manejo y conocimiento acumulado, “no son naturaleza virgen”. Además, su lengua, afirma, contiene sustratos de múltiples pueblos que habitaron esa región y funciona como un archivo histórico—territorial que la ciencia convencional todavía no sabe leer.

Del otro lado, muchos de los campesinos que llegaron al Guaviare también venían huyendo desplazados de otras regiones a causa de la violencia de los años cincuenta, o en conflictos posteriores. Ellos llegaron a tierras que grupos armados les señalaron como suyas. Como explica Vergara, hubo ciudadanos desplazados varias veces, a quienes un actor armado les “cedió” hectáreas afirmando que eran de su propiedad. Más que una decisión autónoma, fue una respuesta a la falta de alternativas reales para asegurar su subsistencia y estabilidad.

Lo que enfrenta a los Nukak y a las poblaciones campesinas no es un conflicto de origen, es, como lo describe Mondragón, el resultado visible de una economía de acumulación que necesita despojar a unos para explotar a otros.

37 años y una pregunta sin respuesta

En 2023, Colombia lideró a nivel global el asesinato de defensores ambientales: 79 casos documentados, la mayoría en el bioma amazónico. Líderes indígenas, campesinos y afrodescendientes que defendían sus territorios frente a la deforestación, la minería ilegal y el acaparamiento de tierras.

El pueblo Nukak lleva 37 años en esa misma disputa. La selva se reduce. Los actores que la destruyen se sofistican. El Estado acumula sentencias sin cumplirlas.

Con la primera vuelta presidencial en el horizonte, la Amazonía no aparece como uno de los ejes centrales en el debate de los candidatos. La problemática que vive el pueblo Nukak no es nueva. Es la misma que lleva décadas sin respuesta. Frente a una crisis de esta magnitud, las preguntas siguen abiertas y acumulándose: ¿Cuál propuesta tiene un plan real para los pueblos que cuidan el 42% del territorio nacional y reciben a cambio menos del 0,1% del presupuesto nacional? ¿Y los candidatos presidenciales qué?