Entre diciembre y enero Fondo de Adaptación contrató $32 mil millones en prestación de servicios

Desde que Angie Rodríguez asumió la gerencia del Fondo en noviembre de 2025 y hasta el 22 de abril de 2026, la entidad ha suscrito 278 contratos de prestación de servicios con personas naturales por un valor que asciende a $31.487 millones de pesos. La mayoría bajo una modalidad que, por ley, no exige proceso de selección, publicación de convocatoria ni justificación pública de por qué se eligió a esa persona y no a otra.

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La avalancha de enero

En noviembre de 2025, primer mes de Rodríguez al frente de la entidad, se firmó apenas un contrato de prestación de servicios: $18 millones. En diciembre, 49 contratos por $6.453 millones. Y en enero de 2026 llegó la avalancha: 228 contratos en un solo mes, por $25.015 millones.

Una nómina paralela disfrazada

Los objetos contractuales revelan que no se trata de expertos puntuales convocados para una misión específica. El catálogo de servicios contratados es el de una planta de personal completa: 170 contratos son para “apoyar la gestión” de proyectos y subgerencias; 38 contratos son para abogados que atienden procesos judiciales, liquidaciones y cobros coactivos; 25 personas llevan la contabilidad, la tesorería y el presupuesto; y otras 14 se ocupan de la gestión documental y administrativa.

Ninguno de esos contratos, según lo que registra el Sistema Electrónico de Contratación Pública —SECOP—, pasó por un proceso de selección. La modalidad es siempre la misma: contratación directa. La ley lo permite para la prestación de servicios profesionales cuando se trata de actividades que no pueden realizarse con personal de planta. Lo que la ley no previó es que esa excepción se convirtiera en la regla, y que la excepción se repitiera 278 veces en cinco meses.

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El 69% son caras nuevas

De los 277 contratistas únicos vinculados por Rodríguez, 192 —el 69,3%— no tenían ningún contrato previo con el Fondo de Adaptación. Son personas que llegaron con la nueva administración y que, en ausencia de cualquier proceso de selección, no tienen más explicación pública que la confianza de quien firmó el contrato.

Los otros 85 son contratistas que ya estaban en la entidad desde administraciones anteriores. Varios de ellos llevan más de un año de contratos consecutivos, lo que en el derecho laboral colombiano se conoce como un indicio de contrato realidad: cuando la relación se prolonga indefinidamente, cuando hay subordinación y cuando el trabajo es continuo, el contrato de prestación de servicios pierde su naturaleza y se convierte, en la práctica, en un vínculo laboral que le niega al trabajador sus derechos.

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Katherine Rojas: contratar antes de la consulta

Pero la historia del Fondo de Adaptación en el segundo semestre de 2025 tiene un capítulo anterior que tampoco resiste el escrutinio.

Katherine Rojas llegó a la dirección de la entidad en septiembre de 2025. En sus primeras semanas, la actividad contractual fue modesta: tres contratos entre el 17 y el 30 de septiembre. Luego vino octubre, mes de la consulta que definía el candidato del Pacto Histórico a la presidencia.

A seis días de la consulta, el 20 de octubre de 2025, el Fondo suscribió 9 contratos de prestación de servicios por $1.392 millones. Al sumar todos los contratos firmados entre el 1 y el 22 de octubre, la cifra asciende a $2.577 millones en 22 contratos.

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