Auditoría encuentra inconsistencias estructurales en crédito y subsidio a Juan José Lafaurie Cabal

Finagro, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, encontró inconsistencias estructurales en el crédito y el subsidio de Incentivo de Capacitación Rural, ICR, concedidos al abogado penalista Juan José Lafaurie Cabal.

El joven Lafaurie Cabal es hijo del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y de la senadora María Fernanda Cabal, quien fuera precandidata presidencial del Centro Democrático.

Una auditoría ordenada por Finagro encontró “una secuencia de inconsistencias estructurales sobre la tenencia de la tierra y la identificación de los beneficiarios reales del proyecto”.

Lafaurie Cabal recibió un crédito blando por 400 millones de pesos, de los cuales $95.273.700 fueron pagados por los contribuyentes a través de un subsidio de ICR, que le concedieron en calidad de pequeño productor.

Como si fuera poco, el Estado es el fiador del 80 por ciento de la deuda, a través de una garantía FAG.

Los auditores encontraron que Lafaurie Cabal declaró en un formulario entregado para recibir los beneficios que era el dueño de la tierra en la que se invertirían los recursos públicos.

Sin embargo, la auditoría verificó en los registros de propiedad que la tierra no es suya, sino de una empresa llamada Inversiones Lafaurie Cabal.

Esa empresa le compró la tierra a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán. Los socios de esa compañía son: La senadora María Fernanda Cabal Molina, esposa de José Félix Lafaurie y excandidata presidencial; y sus hijos Denisse, Luisa Fernanda y Santiago.

El informe de auditoría dice: “Para probar su capacidad de realizar el proyecto productivo en ese predio (ante la falta de propiedad) el cliente certifica la tenencia de un contrato de comodato que denomina como “gratuito”.”

Pero quien otorga ese comodato no es Lafaurie Cabal SAS, sino una tercera sociedad llamada Lafaurie Cabal S. en C. Al respecto dice el informe: “Es decir, no sabemos, ni se ha demostrado a qué título o en qué calidad legal, la sociedad que le entregó la tierra ostenta la tenencia, propiedad o facultad de disposición de dicho predio para poder entregarlo en comodato. La línea de derecho sobre el inmueble no se encuentra demostrada”.

Estas inconsistencias llevan a los auditores a concluir que se presentó una desnaturalización del comodato y que el verdadero beneficiario de los recursos públicos no es “pequeño productor” Juan José Lafaurie Cabal, sino que hay múltiples beneficiarios porque el comodato no es gratuito como le fue presentado al Banco Serfinanza por Lafaurie y los estructuradores del crédito, porque el contrato establece:

“La obligación del comodatario de transferir el 20% de las utilidades netas y de ceder el 100% de las mejoras (el cultivo financiado) a la sociedad propietaria del predio. Al exigir esta contraprestación económica y patrimonial, el contrato no es gratuito. Esta estructuración demuestra que la sociedad dueña de la tierra es una cobeneficiaria material de la inversión, generando una multiplicidad de beneficiarios sobre el proyecto agropecuario objeto del incentivo”.

El informe de auditoría, que evidencia las inconsistencias, viene siendo manejado en secreto al interior de Finagro. El Reporte obtuvo una fotografía de pantalla que muestra además que los auditores concluyen:

“La concurrencia de estas faltas (declaración de propiedad desvirtuada, cadena de tenencia no demostrada y dispersión de utilidades a terceras sociedades) exige una revisión integral”.

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