Candidatos bajo amenaza, ¿qué refleja sobre el ambiente de la campaña?

En Hora20, el análisis a las amenazas de las que son blanco los candidatos a la presidencia, la realidad en términos de orden público y el desafío en seguridad que representan estas amenazas. El debate también sobre los apoyos que empiezan a definir los candidatos y las decisiones que están por tomar los partidos.

Lo que dicen los panelistas

Ariel Ávila, senador de la república, explicó que los años preelectorales tienden a ser violentos generalmente en Colombia: “El año pasado asesinaron a Miguel Uribe y hubo un montón de atentados. En comparación con 2022 ha crecido; sí hay agravamiento, pero el país no está en jaque. Son 283 municipios con afectación alta por violencia; es una tercera parte del país en condición compleja. En esas zonas hacer proselitismo es difícil para los candidatos”.

Resaltó que esa realidad es diferente a otro fenómeno como el constreñimiento al elector, que se le obligue a votar por candidato; “hoy hay tres municipios donde se ha puesto denuncia pública: Barranquilla y algunos municipios de Cauca y Putumayo; eso en el censo electoral es un 7%”. Reconoció que la política de paz total ha salido mal, pero insistió en que el problema es la política de seguridad, no la de paz: “Según la historia del país, las últimas dos semanas de abril y la primera de mayo tienden a ser las semanas más duras en materia de seguridad, previo a una elección presidencial”.

Incluso, dijo que hay zonas donde es mejor que los candidatos no vayan: “Ir a la costa pacífica nariñense es complejo, ir a zonas del bajo Cauca antioqueño es complejo”.

Para Andrés Caro, abogado, candidato a doctor en Derecho y cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, es importante reconocer el lugar donde estamos y que este es un país violento, “pero también hay que reconocer que este ambiente ha estado enrarecido por el Gobierno nacional en temas como la seguridad y las omisiones por la seguridad de los candidatos o por los pactos en cárceles, el levantamiento de órdenes de captura cuando se ruega que no se haga o que el presidente se pare en tarima con Mancuso”.

Afirmó que está bien decir que toca analizar de dónde vienen las amenazas, “pero después de lo del año pasado ninguna amenaza es simplemente una anécdota o una parte natural de vivir en Colombia. Ya mataron al líder de la oposición el año pasado”. Detalló que la paz total sí ha sido un desastre para la seguridad en Colombia, “un 23% de aumento de grupos armados ilegales, van 41 asesinatos de líderes sociales, el trimestre más violento en la última década, pero la respuesta del gobierno es negar la realidad y nombran en la UIAF a una persona señalada de tener relación con grupos armados ilegales”.

Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, se preguntó quién está detrás de Iván Márquez para matar a Miguel Uribe: “¿Lo querían sacar de la carrera presidencial? Si eso querían y detrás está Márquez, hay muchas preguntas: países, actores políticos, ¿quién está detrás de eso?”.

También recordó el antecedente del llamado Pacto de la Picota y cómo Juan Fernando Petro confiesa que se recoge 1 millón de votos en las cárceles. “Ahora vemos lo de los combos en Medellín e intentan que les ayuden, no necesariamente con votos, pero sí a movilizar gente”. En ese sentido, señaló que hay una zona gris de esa relación de delegados del Gobierno con unos grupos armados.

Finalmente, destacó que seguramente durante el gobierno de Iván Duque se degradó la seguridad, “pero no es comparable lo que ha pasado con Petro. La propuesta de paz total lleva a que no haya sanción para delincuentes y ahora se trasladan más ellos por el país que los propios candidatos”.

Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia de la Presidencia, abogado, profesor universitario y columnista en El Tiempo, señaló que en los últimos 36 años llevamos cinco magnicidios en Colombia, lo cual cree que ha generado fracturas en la democracia: “El último hace menos de un año y a eso se le tiene que sumar otras cifras: el riesgo extremo en municipios por violencia”.

Además, comentó que no se puede tomar una amenaza si no es con toda la seriedad posible, como el caso de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella: “Me cuesta trabajo entender cuál es el rol de la paz total en la configuración de las condiciones de seguridad en territorios”. Agregó que este gobierno sin ley de sometimiento ha abierto nueve frentes de negociación con organizaciones criminales; “uno se tiene que preguntar hasta qué punto tener estas mesas abiertas y a disidentes con salvoconducto pueden llegar a ejercer violencia y presión en territorios”.

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