Política

Sergio Fajardo pide control preventivo a $6,8 billones del impuesto al patrimonio

El candidato presidencial solicitó a la Contraloría General activar vigilancia anticipada y seguimiento en tiempo real a estos recursos, con el fin de garantizar su uso transparente y evitar irregularidades.

Sergio Fajardo habló sobre el estado en que recibiría el país en caso de ser elegido presidente. (Créditos: Caracol Radio y GettyImages)

El candidato presidencial Sergio Fajardo envió una carta a la Contraloría General de la República en la que solicita implementar un control preventivo sobre los $6,8 billones provenientes del impuesto al patrimonio, destinados a atender necesidades públicas.

En su solicitud, Fajardo planteó la necesidad de que el seguimiento a estos recursos comience desde el momento de su asignación y no después de su ejecución. “Desde hoy, cada peso tenemos que saber dónde está y para dónde va”, afirmó, al insistir en la importancia de la trazabilidad en tiempo real.

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El candidato también propuso la creación de una mesa técnica de seguimiento que permita monitorear de forma continua el uso de los recursos. “Esto va a ser un proceso largo (…) necesitamos una mesa de seguimiento técnico que esté mirando en tiempo real cada peso”, explicó.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de fragmentar los recursos en múltiples contratos, lo que dificultaría su control. “Que no se fragmente, porque si se empieza a dividir eso en pedacitos, es mucho más difícil hacerle seguimiento”, señaló.

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Dentro de sus propuestas, incluyó la necesidad de una auditoría permanente. “Tiene que haber una auditoría continua, permanente sobre todos y cada uno de los pasos que se están dando”, indicó, al tiempo que pidió celeridad en los procesos de control.

Fajardo aseguró que esta solicitud busca evitar posibles casos de corrupción en el manejo de los recursos públicos. “La estamos haciendo por una razón muy sencilla: para que no se roben la plata”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a extremar la vigilancia debido al contexto electoral. “No podemos permitir que un solo peso de las víctimas (…) termine haciendo función electoral para beneficiar a un candidato del gobierno”, concluyó.