Contraloría advierte vacíos en los decretos de emergencia del gobierno: Pide justificar el recaudo
En atención a que en algunos de los decretos emitidos se ordena la reorientación de recursos, la Contraloría hace notar que se podrían generar impactos en la financiación, ejecución y continuidad de programas y proyectos que están curso.
Contraloria
La Contraloría General de la República advirtió riesgos en el recaudo de hasta $8,68 billones contemplado en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.
La entidad advirtió vacíos en la “estructuración, articulación y ejecución de los decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica emitidos por el Gobierno Nacional”.
La Contraloría insta en su comunicado al Gobierno a que la reorientación de recursos “se realice con rigor jurídico y técnico” para evitar impactos en proyectos y programas en curso.
También indicó que solicitará al Ministerio de Hacienda, la UNGRD y otros ministerios involucrados los soportes que expliquen la necesidad de recaudar hasta 8,68 billones de pesos y la “sustentación de su focalización” entre los diferentes ministerios y entidades, así como los municipios y departamentos en emergencia.
En ese contexto, la entidad fue enfática en señalar que “el Gobierno Nacional tiene la obligación legal de garantizar el recaudo adecuado y oportuno de estos recursos y su debida destinación y uso exclusivo”, especialmente para atender las afectaciones derivadas de la emergencia invernal.
A su vez, insistió en la necesidad de que los criterios definidos en la Ley 1523 de 2012 sean correctamente aplicados en todo el proceso institucional.
A esto se suma la preocupación por la capacidad de la UNGRD para asumir nuevas responsabilidades, especialmente en lo relacionado con la ejecución de obras complejas. En el documento se advierte que esta entidad “no tiene la experticia ni estructura organizacional para gestionar el diseño, ejecución e interventoría de obras de esta especificidad y complejidad”, lo que podría traducirse en retrasos o ineficiencias en la atención de la emergencia.
El análisis también aborda posibles implicaciones en sectores estratégicos como el energético. Según la Contraloría, decisiones que modifiquen la operación de los embalses sin el debido sustento técnico podrían derivar en incumplimientos contractuales, así como en impactos tarifarios y pérdida de confianza inversionista, un elemento sensible en un entorno que requiere estabilidad para garantizar el suministro y la sostenibilidad del sistema.