MinDefensa explicó en Caracol Radio cómo funcionarán “operaciones espejo” con Venezuela

En entrevista con Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclaró que la cooperación en seguridad acordada entre Colombia y Venezuela para enfrentar el narcotráfico y otras economías ilegales en la frontera no contempla operaciones militares conjuntas, sino acciones coordinadas entre ambos países.

El jefe de la cartera explicó que el acuerdo se construyó tras analizar el contexto de seguridad en los 2.219 kilómetros de frontera que comparten ambos países, donde operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías criminales.

“Hay una amenaza persistente en esos 2.219 kilómetros de frontera que tenemos, que son los diferentes carteles del narcotráfico, o de la minería ilegal, o de otras economías ilegales, y el único interés es vivir de ello”, afirmó el ministro.

Sánchez señaló que uno de los pilares del acuerdo es fortalecer el intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países para reaccionar con mayor rapidez frente a los movimientos de las estructuras criminales.

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El segundo componente contempla la coordinación de acciones paralelas en ambos lados de la frontera para evitar que los grupos ilegales utilicen el límite entre los dos países como ruta de escape.

“Si nosotros, por ejemplo, hacemos una operación en un sector que se priorice, ellos estarán alerta para que los bandidos no vayan a sentir que en el lado colombiano, o viceversa en el lado venezolano, es muy fácil y se puedan escapar por un lado”, explicó.

El ministro insistió en que este mecanismo no implica operaciones conjuntas entre las fuerzas militares de ambos países, ya que cada nación mantiene su propio mando.

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“Una operación conjunta se caracteriza porque tiene unidad de mando, y aquí no hay una única unidad de mando, es cada nación haciendo operaciones, pero comunicándose para articular esfuerzos”, precisó Sánchez en diálogo con Caracol Radio.

Según el ministro, la coordinación busca reducir el margen de maniobra de las organizaciones criminales que operan en la frontera, evitando que utilicen la línea limítrofe para evadir la presión de las autoridades de cualquiera de los dos países.