Acción popular busca frenar traslado de 2,6 millones de afiliados a Nueva EPS
La acción popular advierte que el traslado masivo ordenado por el Gobierno podría afectar la atención en salud de millones de usuarios.
Foto: Cortesía Nueva EPS
Medellín, Antioquia
Una acción popular radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia busca suspender el traslado masivo de afiliados a Nueva EPS previsto en el Decreto 182 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional para reorganizar el aseguramiento en salud en el país.
La demanda fue presentada por el ciudadano Víctor Raúl Palacio Bohórquez contra el Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que la asignación obligatoria de usuarios a esa EPS podría vulnerar derechos colectivos como el acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos de salud, la salubridad pública y el acceso a infraestructura adecuada para la prestación del servicio.
Advertencia sobre una crisis en la atención
Según el documento, el decreto establece reglas de operación territorial que podrían provocar el traslado de cerca de seis millones de afiliados entre EPS en todo el país. De ese total, aproximadamente 2,6 millones de usuarios serían asignados obligatoriamente a Nueva EPS, pese a los cuestionamientos sobre su capacidad para asumir esa carga adicional.
La acción judicial advierte que la medida podría generar un deterioro grave en la atención médica. En el documento se señala que “si se permite que Nueva EPS reciba más de dos millones seiscientos mil (2.600.000) nuevos usuarios, el deterioro de la salud será prácticamente irreversible para todos los usuarios con necesidades de atención”, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, raras o de alto costo.
El demandante sostiene además que el impacto no solo recaería sobre los nuevos afiliados, sino también sobre los más de 11,5 millones de usuarios actuales de esa EPS, quienes podrían ver afectada la capacidad del sistema para garantizar el Plan de Beneficios en Salud.
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Cuestionamientos a la capacidad de la EPS
En la demanda se sostiene que Nueva EPS atraviesa una situación estructural compleja que pondría en duda su capacidad para recibir nuevos afiliados. El documento menciona que la entidad se encuentra intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, que no estaría reportando estados financieros al ente de control y que no cumpliría con los requisitos de capital mínimo y patrimonio adecuados exigidos para operar.
También se señala que la EPS no reportaría datos de costos de los servicios al Ministerio de Salud para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), además de registrar altos niveles de quejas y tutelas por fallas en la atención.
La demanda incluso sostiene que “sus deplorables condiciones de atención y trato indigno a los usuarios ya son un hecho notorio”, lo que, según el demandante, podría agravarse con la llegada masiva de nuevos afiliados.
Imagen suministrada por la Nueva EPS
Imagen suministrada por la Nueva EPS
Solicitud de medida cautelar urgente
Dentro de la acción popular se solicitó al tribunal la adopción de una medida cautelar de urgencia para suspender las asignaciones de usuarios a Nueva EPS mientras se verifica si la entidad cumple con los requisitos legales y financieros para operar.
La petición plantea que el Ministerio de Salud se abstenga de realizar los traslados hasta que se demuestre que la EPS cumple con exigencias como reportar estados financieros, acreditar capital mínimo y patrimonio adecuado, garantizar el Plan de Beneficios en Salud y mejorar sus indicadores de quejas y tutelas.
El demandante advierte que la urgencia de la medida se debe a los plazos establecidos en el Decreto 182 de 2026, que permitirían realizar las asignaciones de afiliados pocos días después de que la Superintendencia de Salud actualice las autorizaciones de funcionamiento de las EPS.
Reorganización del aseguramiento en salud
La acción judicial señala que el decreto del Gobierno plantea una reorganización del sistema basada en reglas territoriales para la operación de las EPS en distintos municipios del país. Según la demanda, este modelo podría concentrar la prestación del servicio en determinadas entidades y generar traslados obligatorios de afiliados en cientos de municipios.
En ese contexto, el demandante sostiene que el traslado masivo de usuarios a una EPS con dificultades operativas podría derivar en una crisis en la prestación del servicio de salud, por lo que pidió al Tribunal Administrativo de Antioquia intervenir para evitar lo que denomina una posible “tragedia humanitaria” en el sistema de aseguramiento.
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