Superintendencia de Sociedades valida el acuerdo de reorganización de Almacenes Flamingo

La Superintendencia de Sociedades informó que fue admitido el trámite de validación del Acuerdo Extrajudicial de Reorganización de Almacenes Flamingo S.A., cuyo principal objetivo es ordenar el pago de deudas y la continuidad de la empresa.

La medida quedó formalizada el 16 de febrero de 2026 y el proceso se da bajo la Ley 1116 de 2006 y la Ley 2437 de 24, ambas son normas que permiten a las empresas reorganizar sus obligaciones sin llegar a la liquidación.

La negociación se desarrolló en el marco del Procedimiento de Recuperación Empresarial ante la Cámara de Comercio de Medellín, donde la compañía logró el respaldo del 90,78% de sus acreedores, una cifra que supera la mayoría reconocida por la ley y que refleja un acuerdo entre más de 500 actores, entre bancos, proveedores, trabajadores y entidades públicas.

Las cifras detrás del acuerdo

Almacenes Flamingo en Noviembre de 2025 reportó activos por $361.188 millones y pasivos por $339.726 millones. Es decir, la empresa aún tiene más bienes y recursos que deudas, con un patrimonio positivo cercano a $21.462 millones.

Sin embargo, el volumen de obligaciones, el cual incluye compromisos laborales, fiscales y financieros, obligó a estructurar un plan que permita pagar de manera gradual y sostenible, sin afectar la operación diaria del negocio. En otras palabras, no se trata de una empresa quebrada, sino de una compañía con presión de liquidez que requiere reorganizar sus tiempos y condiciones de pago.

¿Cómo se pagarán las deudas?

Primero que todo, se tendrá que cotizar los créditos laborales, fiscales y parafiscales. De igual forma, se tendrá prioridad a los trabajadores, por lo que los salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social e impuestos van a pagarse de forma inicial.

Luego, están los acreedores garantizados, como entidades financieras con respaldo en bienes específicos. En estos casos se respetarán las condiciones originales y el orden legal de las garantías. Incluso, se contempla la posible venta de inmuebles hipotecados si eso resulta necesario para cumplir el plan.

Para proveedores y otras obligaciones de cuarta clase, aquellos que suministran los insumos necesarios para la producción o prestación de servicios, se prevé un pago inicial proporcional, apoyado en recursos judiciales que se liberen, y posteriormente un esquema de amortización, donde se distribuye el costo del activo en un periodo a largo plazo, que empezará en 2028.

En cuanto a los acreedores quirografarios, quienes no tienen garantías sobre los activos, el pago será diferido a años posteriores y con una tasa de interés reducida. Según la entidad, sería una fórmula que busca equilibrar el cumplimiento de las obligaciones con la sostenibilidad financiera de la empresa.

Además del plan de pagos, el acuerdo incluye reglas de gobierno corporativo, límites a la distribución de dividendos, deberes de información y la conformación de un Comité de Acreedores que hará seguimiento al cumplimiento.

La importancia del proceso

La validación judicial es clave porque convierte el acuerdo privado en un compromiso con supervisión estatal. Esto da seguridad jurídica tanto a la empresa como a los acreedores ya que, en un entorno económico marcado por desaceleración del consumo, mayores costos financieros y ajustes empresariales, para muchas compañías la reorganización es una herramienta para ganar tiempo y estabilizar su flujo de caja.

Con respecto a ello, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar destacó que “un acuerdo aprobado por una mayoría tan significativa demuestra la confianza de los acreedores en la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos bajo un esquema legal de reorganización”.

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