Millonaria contratación previo a ley de garantías, subió $ 6 billones frente a 2022: Contraloría

La Contraloría General reveló que en enero de este año, previo a la entrada de la ley de garantías, se suscribieron contratos de forma directa tanto a nivel nacional como territorial por $32,8 billones (521.269 contratos).

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En cuanto a los contratos por prestación de servicios fueron 164.813 contratos por $ 14 billones, es decir, aumentó en $ 6 billones la contratación frente al mismo mes de hace cuatro años, cuando la cifra fue de $ $ 8,8 billones con 107.971 contratos.

De esos $ 32 billones, $ 14 billones fueron firmados por el Gobierno Nacional. Esto representa un aumento de 5,2% en número de contratos y 30,4% en su valor.

Mientras que el orden territorial concentró la mayoría, con 348.495 contratos por $17,7 billones.

Para el ente de control, esta concentración de contratos y recursos en pocos días llama la atención y merece seguimiento.

Así lo señaló Andrés Cifuentes, director de la DIARI de la Contraloría General, en 6 AM W.

“Entendemos que todas las entidades de orden nacional y territorial tienen que aprovisionarse, etc, porque hasta después de la segunda vuelta, si la hay, no van a tener oportunidad de contratar. Sin embargo, encontramos ese comportamiento atípico, reiterado, y estamos hablando de más de un 30 % comparado con el período de hace cuatro años, previo a la entrada o la restricción, como tal, de la ley de garantías”, señaló el director.

En cuanto a las entidades con más contratos, señaló que son:

• Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA ($1,72 billones),
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF ($1,26 billones)
• Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil ($0,76 billones) para el periodo analizado.

Y las entidades del orden territorial son:

• Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla ($1,33 billones),
• Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín ($0,88 billones)
• Santiago de Cali Distrito Especial ($0,54 billones).

“En esa porción de los 32,8 billones de pesos de adjudicación de contratos en modalidad directa durante el mes de enero, el 54 %, es decir, 17,8 billones de pesos corresponde a entidades de orden territorial”, explicó Cifuentes.

¿Se evita la ‘politiquería’ con la ley de garantías?

El director de la Diari afirmó que las entidades, tanto de orden nacional y territorial, tienen legalmente el camino para poder hacer estas adjudicaciones.

“Sin embargo, eso no exime, por ejemplo, que se elimine la obligación en la planeación (...) que todos estos contratos o adjudicaciones tengan un marco donde haya unos estudios previos, unas justificaciones jurídicas, análisis de mercado, etcétera”, afirmó.

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Finalmente, el funcionario señaló que van a desagregar los contratos, a analizar si hay una concentración en algunos sectores del país, y si hay contratos pese a la ley de garantías.

“Tenemos que empezar a colocarle mucho más la lupa y a meter el diente allí para poder tener evidencias concretas”, remató.

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