Advierten posible traslado masivo de más de 6 millones de afiliados entre EPS
Asociaciaciones de Usuarios alertan riesgos para pacientes crónicos, pérdida de la libre elección y mayor presión sobre entidades intervenidas, en medio de actos administrativos que aún están en consulta pública.
La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud emitió una alerta nacional ante la posibilidad de traslados masivos de afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS), medida que —según las organizaciones— podría afectar la atención de millones de pacientes y profundizar la crisis que atraviesa el sistema.
El pronunciamiento surge luego de la publicación de actos administrativos del Ministerio de Salud para consulta pública, en los que se plantea la expedición de un decreto que modificaría el esquema de habilitación de EPS bajo criterios territoriales. Aunque la iniciativa aún no ha sido adoptada oficialmente, asociaciones y gremios aseguran que el alcance del proyecto implicaría cambios estructurales en el aseguramiento.
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Más de seis millones de afiliados podrían ser trasladados
De acuerdo con el documento divulgado por la Mesa, el eventual decreto permitiría el traslado de 6’606.371 afiliados hacia distintas entidades. Entre los movimientos mencionados se encuentran cerca de 3’198.875 usuarios hacia Nueva EPS, 289.262 hacia Savia Salud y 533.429 hacia S.O.S., entre otras aseguradoras.
Las asociaciones señalan que estos traslados podrían realizarse sin garantizar plenamente el derecho a la libre elección de EPS y advierten que varias de las entidades receptoras se encuentran intervenidas o con limitaciones en su capacidad operativa.
Según el pronunciamiento, esto podría generar retrasos en la prestación de servicios y poner en riesgo la continuidad de tratamientos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas o de alto costo.
Riesgos advertidos tras anuncio del Ministerio de Salud
El documento también plantea que una reorganización territorial sin un plan financiero claro podría aumentar las presiones sobre EPS e IPS y trasladar costos adicionales a los usuarios.
La Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud mencionan incluso un escenario denominado “Shu-Shu-Shu”, con el que describen el riesgo de que aseguradoras asuman nuevas cargas de pacientes sin contar con suficiente respaldo administrativo o financiero.
Frente a este panorama, hicieron un llamado a que cualquier decisión estructural priorice la garantía del derecho a la salud y el cumplimiento de órdenes emitidas por la Corte Constitucional.
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Un debate que viene desde 2025
La alerta se suma a discusiones informadas que ya habían surgido en septiembre de 2025, cuando el Gobierno expidió el Decreto 858 y la Resolución 1789, normas que buscaban reorganizar territorialmente el aseguramiento y que, según estimaciones iniciales, podían implicar el traslado de cerca de 2,3 millones de usuarios.
Expertos y gremios del sector habían advertido entonces que una implementación acelerada podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema y la continuidad de la atención. Posteriormente, el Consejo de Estado suspendió el decreto, lo que frenó temporalmente el proceso.
Ahora, con nuevos actos administrativos en consulta pública, las asociaciones aseguran que el debate vuelve a abrirse y piden mayor claridad sobre los alcances reales de la propuesta.
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Llamado a revisar decisiones estructurales ante afectaciones en el sistema de salud
El pronunciamiento, firmado por el vocero Álvaro Enrique Molina y respaldado por representantes de distintas asociaciones de usuarios, insiste en que el objetivo de la alerta es prevenir un deterioro adicional en el acceso a los servicios de salud.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha confirmado la adopción definitiva de las medidas, ya que los documentos se encuentran en etapa de comentarios ciudadanos.